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Las voces de quienes defienden la tierra presentes en el 2º Foro Anual de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos del Acuerdo de Escazú

Defensoras de la tierra y el medio ambiente de siete países de la región, integrantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra y de la Plataforma de Defensores y Defensoras por la Tierra y el Territorio, conformarán una delegación para se parte del 2° Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.

Entre los días 25 y 28 de septiembre, 22 personas defensoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú, estarán visibilizando sus demandas y propuestas para fortalecer sus voces y promover un bloque común, regional, feminista y con base territorial, que potencie la participación y las propuestas de la sociedad civil en este espacio de incidencia vinculado al Acuerdo de Escazú. 

Elza Santiago, integrante de la Articulação De Mulheres Brasileiras (AMB) que también viajará, destaca que “las mujeres siempre son las mayores víctimas de las acciones contra el ambiente, nada más justo que empoderar a estas mujeres y ponerlas en primera línea, porque nadie mejor que ellas para saber lo que pasa con sus tierras y territorios”.

En este marco, serán parte de numerosas actividades de gran relevancia para la agenda de las y los defensores ambientales de la región.

Previo al Foro, el lunes 25, 10 compañeras de la delegación serán parte de un Taller estratégico dictado por ONU Mujeres. El martes 26, por la mañana, la delegación completa, se reunirá con representantes electos del público del Acuerdo de Escazú. Por la tarde, tendrán dos encuentros, primero con el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y luego, con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 

Ese mismo martes, a las 17:30 hora Panamá, se proyectará el Documental La ilusión de la abundancia, seguido de un conversatorio con Máxima Acuña y Carolina del Moura, protagonistas, y Érika González, una de sus directoras. Este evento se realizará en el marco de las actividades formales del Foro para visibilizar y poner en agenda las luchas de mujeres defensoras en América Latina y Caribe.

El miércoles 27, se dará inicio al Foro y participarán de la plenaria para profundizar en la temática, dar a conocer el estado de situación de las personas defensoras en la región e identificar nuevos desafíos y mecanismos nacionales y regionales de protección existentes. Finalmente, el jueves 28, serán parte de las mesas de trabajo para discutir los diferentes ejes del plan de acción.

Samanta Delgado, integrante de la Red Chacha Warmi, de Jujuy, Argentina, cuenta: “Mis expectativas son altas en relación con mi participación. Desde nuestra organización consideramos al Foro como una instancia de capacitación y fortalecimiento, en cuanto a que es imprescindible, de acuerdo al contexto político de Jujuy, aprender y profundizar sobre el Acuerdo de Escazú y todos los mecanismos existentes para garantizar su cumplimiento. Hoy es una urgencia. Además, generar redes con otras hermanas es fundamental para el sostén de la resistencia y la lucha por la defensa del territorio”.  

Escazú: un acuerdo, una oportunidad

El Acuerdo de Escazú reglamenta el acceso a la información por parte de las poblaciones, la información pública ambiental, la protección de defensores y defensoras ambientales, acceso efectivo a la justicia, y que la participación de la ciudadanía sea activa y respetada.

Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta el momento, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Según Global Witness, en 2022, el 88% de los asesinatos de personas defensoras del mundo, ocurrieron en América Latina. En este marco, este acuerdo es el primer instrumento normativo a nivel internacional que garantiza y establece un sistema de protección para los y las defensoras del ambiente. Plantea normativas en un aspecto más técnico y propone una serie de derechos en materia ambiental. Este pacto representa un hito para la responsabilidad de las empresas con el ambiente. 

Implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú significa un gran paso hacia la consolidación de un nuevo modelo de democracia ambiental, fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ser parte del desarrollo sostenible, inclusivo y justo. “Es un avance positivo para los derechos ambientales y las personas que defendemos la autonomía de los territorios y la vida. Sostengo que hay que trabajar mucho para encontrar los medios necesarios para su efectiva implementación, pues el contenido del mismo pone en tensión prácticas bien instaladas por los poderes que defienden los intereses extractivistas y neocoloniales de las empresas supranacionales y los Estados”, aclara Samanta.

Foros sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe

Durante el 2022, se realizó el Primer foro en Ecuador, el cual tuvo como objetivo, generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación y los desafíos que experimentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Reunió a diferentes Partes del Acuerdo de Escazú, como gobiernos, especialistas reconocidos en el tema, público en general, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el ambiente.

El evento fue organizado por CEPAL, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Este Segundo Foro, es organizado nuevamente por la CEPAL, en alianza con el PNUMA, la ACNUDH, el PNUD, el Gobierno de Panamá y el apoyo del Banco Mundial. Será presencial, con transmisión en vivo, y las mesas de trabajo, presenciales y virtuales, y funcionarán en forma paralela.

“Se abordará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se compartirán experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente, y se continuarán las discusiones y consultas del Plan de Acción”, informa el sitio web de CEPAL

Programa 2° Foro Anual de Defensoras completo

Desde Brasil, Elza cuenta que el Foro le permitirá “conocer personas que pelean las mismas luchas que yo, hacer intercambios, aprender y descubrir qué han hecho otras personas en América Latina en defensa del ambiente y de los defensores”.

El contexto social, político y económico de la región es alarmante y violento, no solo por los graves efectos de la crisis climática, sino por el avance permanente de las industrias extractivas, la implementación de políticas neoliberales y la presión de grupos conservadores y anti-derechos, como parte del modelo de desarrollo. En este marco, el Acuerdo de Escazú genera herramientas y mecanismos de protección, seguridad y garantías de derechos importantes y alineadas a la defensa del ambiente. 

La participación de esta delegación es fundamental, el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta y este Foro es un espacio directo de incidencia.

La participación de esta delegación es fundamental, el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta y este Foro es un espacio directo de incidencia. Es necesario visibilizar las voces de la sociedad civil, y particularmente de defensoras ambientales. “Estos espacios institucionales, en el ámbito internacional, deben contar con la participación de defensoras ambientales, pues el Acuerdo se basa en la participación, por lo que el Foro es una instancia que debe ser tomada como prioritaria para que conozcan la situación local y regional de nuestros Pueblos y sobre todo para saber, cuáles son los obstáculos existentes para la implementación de un instrumento internacional en cada lugar”, concluye Samanta.

Informe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas a Argentina

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina del 16 al 28 de febrero de 2023. Repasamos los datos alarmantes y recomendaciones urgentes que surgen de su informe.

La visita fue convocada por invitación del Gobierno para evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos e identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.

El Grupo de Trabajo realizó visitas a terreno y se reunió con activistas ambientales, gobiernos, empresas, universidades. En este marco, 7 organizaciones de base, campesinas, indígenas y grupos de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron de reuniones directas con el grupo de Trabajo ONU, presentando casos concretos de violaciones a derechos humanos a las comunidades locales por parte de empresas.

LUCIA, MIEMBRO DE LA CNT-ENI ARGENTINA, PARTICIPÓ DE LAS REUNIONES CON ONU Y EXPRESÓ QUE ENCONTRARON UN ESPACIO DE RESPETO Y ESCUCHA PARA COMPARTIR LAS LUCHAS Y DEMANDAS QUE TIENEN COMO MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE COMUNIDADES LOCALES RURALES.

“…ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO SE HAGA ECO DE ESTAS DEMANDAS Y DEL INFORME QUE PRESENTA NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ATROPELLOS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS EN NUESTROS TERRITORIOS, SOBRE NUESTRAS COMUNIDADES Y SOBRE NOSOTRAS MISMAS QUE SOMOS LAS QUE AÑO TRAS AÑO ESTAMOS RESISTIENDO. NO PERDEMOS LA ESPERANZA DE QUE SE FRENEN LOS DESMONTES Y SE ENTREGUEN LAS TIERRAS A QUIENES VIVIMOS EN ELLAS POR GENERACIONES. ESPERAMOS QUE ESTE SEA UN PASO PARA AVANZAR EN EL ACCESO A DERECHOS TERRITORIALES DE LAS MUJERES CAMPESINAS Y DE LAS COMUNIDADES LOCALES…”

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo realizó un informe preliminar que se presentó mediante conferencia de prensa el pasado 28 de febrero.

Del informe preliminar, surgen datos alarmantes y recomendaciones urgentes de ONU al Estado Argentino principalmente en función de temas críticos como: derechos de los Pueblos Indígenas, trabajo, género y diversidad, personas con discapacidad, medio ambiente y recursos naturales, y salud.

PRINCIPALES RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL INFORME PRELIMINAR

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recibió información sustantiva y suficiente para evidenciar problemáticas en materia de derechos humanos y empresas. El mismo señaló:

“…aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial. El acceso a la justicia y remediación es también un desafío que persiste, así como las cuestiones de participación pública e inclusión. Las poblaciones históricamente vulneradas, particularmente los Pueblos Indígenas, se encuentran en un estado de riesgo permanente y esto debe ser subsanado urgentemente…”

SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Estado nacional ha reconocido a 1822 comunidades en toda la Argentina, de las cuales menos de la mitad tienen culminado el relevamiento de sus territorios, como lo ordena la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada en 2006 y prorrogada por última vez por el Decreto 805/2021. Si bien el Grupo de Trabajo valora la sanción de esta ley que impide los desalojos de las comunidades, preocupa el riesgo jurídico que supone para las comunidades la prórroga por decreto.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo recibió denuncias que dan cuenta de que, incumpliendo con la normativa, aún se realizan desalojos de las comunidades –en muchos casos violentos– particularmente para habilitar proyectos de gran extensión territorial (por ejemplo en industrias extractivas y desarrollos inmobiliarios) y que el relevamiento de sus territorios ha sido hasta ahora un proceso lento e ineficiente.

El Grupo de Trabajo alienta en el informe al Estado argentino, no solo a avanzar en el ordenamiento del territorio, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina en el año 2000) sino a actuar frente a su obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria, y en avanzar en el proceso de titularización.

RACISMO ESTRUCTURAL, ESTIGMATIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Aunque el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, han notado con alarma la discriminación estructural que afecta a las personas de los Pueblos Indígenas, sufriendo mayores índices de pobreza y barreras más acentuadas en el acceso a la infraestructura esencial como salud, electricidad, agua y educación. Las posibilidades de obtener medios de vida adecuados para su desarrollo se ven afectados por la altísima tasa de informalidad laboral y por las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus actividades económicas tradicionales debido al avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas.

Asimismo, la estigmatización e invisibilización de los Pueblos y Comunidades locales e Indígenas en la sociedad en general, e inclusive en los medios de comunicación que exacerban discursos altamente racistas, es inaceptable y da cuenta de una enorme deuda histórica del Estado y la sociedad argentina con los pueblos originarios. Durante la visita, el Grupo de Trabajo ha recibido una preocupante cantidad de denuncias de desalojos e intervenciones violentas, represión, allanamientos, criminalización y judicialización. Instamos a las autoridades a abordar estos episodios con urgencia y a las empresas a abstenerse de cualquier acción que pudiera verse como hostigamiento o presión sobre los Pueblos Indígenas.

RECURSOS NATURALES Y DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

En el transcurso de su visita, el Grupo de Trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se les informó de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua segura, en vista de su importancia para la salud de las comunidades, así como sus repercusiones en los medios de subsistencia, la alimentación y los ecosistemas, especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala.

El Grupo de Trabajo pudo observar de forma directa los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones del país, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, preocupa la información recibida acerca de la falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país, particularmente en zonas glaciares y periglaciares en Catamarca y San Juan, por ejemplo en la mina Veladero, y en zonas de humedales en Chaco y Corrientes. Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático.

En un contexto de transición energética asociada justamente a la crisis climática, hemos identificado un aumento significativo en la extracción no convencional de hidrocarburos y de minerales como el litio, lo cual presenta grandes desafíos en materia de derechos humanos y de impactos ambientales. El Grupo de Trabajo escuchó con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades en diferentes provincias, particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. El Grupo de Trabajo de ONU llama al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de los derechos humanos y garantizar el CPLI, y a las empresas a respetar y ejercer la debida diligencia en derechos humanos durante toda la vida de los proyectos.

De igual forma, se presentaron serias denuncias sobre el desplazamiento de comunidades tradicionales y de Pueblos Indígenas causados por proyectos de energías renovables, incluyendo presas hidroeléctricas y parques eólicos. Los impactos son diversos, desde la pérdida de medios de vida hasta afectaciones en las prácticas culturales.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de ONU ha sido informado de casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización de la protesta. Un ejemplo preocupante lo constituyen las denuncias recibidas por el Grupo de Trabajo sobre hechos de represión ocurridos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en mayo de 2022, que derivaron en la detención y judicialización de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto minero MARA. En su reporte exhorta a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en todo el país y a crear mecanismos para la protección de las personas defensoras.

El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.

* Esta nota fue publicada originalmente por la CNT – ENI Argentina y se encuentra disponible en: https://eniargentina.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-naciones-unidas-a-argentina/

Argentina acogerá la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

La COP 2 del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe reunirá del 19 al 21 de abril en Buenos Aires a autoridades de países de la región, representantes de organismos regionales e internacionales y miembros del público.

La Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú– se realizará del 19 al 21 de abril en Buenos Aires, Argentina.

Así lo acordaron José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -organismo regional de las Naciones Unidas que ejerce la Secretaría del Acuerdo- y Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, mediante la firma de un convenio que confirma a ese país como sede de la COP 2. Ambos personeros rubricaron el convenio el pasado sábado 25 de marzo en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, efectuada en República Dominicana.

En la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que tiene carácter extraordinario, autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del primer tratado ambiental de la región elegirán a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado y conocerán cualquier otro asunto que las Partes decidan. Asimismo, darán la bienvenida a los nuevos Estados Partes desde la COP 1: Belice, Chile y Granada.

Previo al encuentro, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay en la Presidencia y Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía en las Vicepresidencias- elaboró una lista numerada de diez personas candidatas al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que será presentada durante el segundo día de la conferencia (20 de abril). Dicha lista está compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, de diez nacionalidades de países del Anexo 1 del Acuerdo. Hay tres representantes de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. De la lista numerada, la COP elegirá durante la reunión de Buenos Aires a las siete personas integrantes del Comité.

La conferencia se llevará a cabo de manera presencial en los salones del Hotel Libertador de la capital argentina, y tendrá una serie de eventos paralelos que se realizarán de forma totalmente virtual. Será inaugurada el miércoles 19 de abril, a las 18:00 horas (hora de Buenos Aires, Argentina, UTC -3) en el Centro Cultural  Kirchner (CCK) por autoridades de la CEPAL, del Gobierno de Argentina -país anfitrión que ostenta una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva del Acuerdo- y otras altas autoridades y representantes del público.

El segundo día (20 de abril), además de la presentación de la lista numerada de candidatos al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento por parte de la Mesa Directiva, se realizará una Sesión Especial titulada Experiencias comparadas de órganos de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. También se efectuará el Diálogo regional: Fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional.

En tanto, el 21 de abril se llevarán a cabo dos Sesiones Especiales: una sobre el seguimiento a la Decisión I/6 sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y otra sobre el seguimiento a la Decisión I/4 sobre arreglos financieros e informe del Fondo de Contribuciones Voluntarias. Además se realizará la elección de los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se acordarán las decisiones aprobadas de la COP 2.

Entre los días 19 y 21 de abril se realizarán diversos eventos paralelos virtuales oficiales en el marco de la conferencia, cuyos detalles estarán disponibles en el sitio web de la reunión.

La realización de esta segunda reunión extraordinaria de la COP del Acuerdo de Escazú en Argentina fue acordada en la Decisión I/5 del documento “Decisiones aprobadas”, que fue adoptado al término de la COP 1 efectuada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile en abril de 2022. Según el texto, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán al menos cada dos años, salvo que las Partes decidan otra cosa, y  “se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes cuando esta lo estime necesario, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo y la regla III de las reglas de procedimiento de la Conferencia”. Se espera que la segunda reunión ordinaria se realice en abril de 2024 en un Estado Parte aún por definir.

Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Los 24 países que lo han firmado podrán proceder a depositar sus instrumentos de ratificación en cualquier momento ante la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. Los países que no lo firmaron dentro del primer plazo estipulado (entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020) pueden hacerse Parte mediante la adhesión (procedimiento de paso único sin necesidad de firma). Los instrumentos de adhesión tienen los mismos requisitos y efectos jurídicos que la ratificación.

El programa completo de la COP 2 del Acuerdo de Escazú está disponible en el sitio web especial del encuentro: https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop2/es

Se solicita a los periodistas y representantes de la prensa que deseen cubrir el evento de manera presencial registrarse en este formulario: https://forms.gle/WGRg9rUUZf8MMba3A

El registro para participantes (autoridades, delegaciones oficiales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, etc.) es independiente del registro de prensa y se encuentra disponible también en el sitio web del evento.

Qué: Segunda reunión (extraordinaria) de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 2).

Cuándo: Miércoles 19 al viernes 21 de abril, 2023.

Dónde: Hotel Libertador, Avenida Cordoba 690, Buenos Aires 1054, Argentina.

Inauguración (miércoles 19 abril, 18:00 hrs): Centro Cultural  Kirchner, Sarmiento 151, C1041 CABA.

Para consultas relacionadas con la cobertura periodística del evento, contactar a:

Perú: Violaciones de derechos humanos y criminalización de la protesta durante el actual gobierno

NOTA DE PRENSA

22 DE ABRIL DE 2023 – LA VIOLENCIA DESATADA COMO RESPUESTA AL DERECHO LEGÍTIMO A LA PROTESTA CIUDADANA HA COBRADO LA VIDA DE 60 PERSONAS EN PERÚ

En el contexto de la crisis política que se vive en el Perú desde el mes de diciembre, se ha visto cómo las violaciones de derechos humanos se vienen agudizando, y el nivel de violencia con el que se responde a las masivas protestas sociales ha alcanzado niveles críticos.

A la fecha, 60 personas han perdido la vida, y en 48 de esas muertes [1] -ocurridas en enfrentamientos con la fuerza policial y militar del país [2]-, hay indicios de la responsabilidad directa del Estado. Las víctimas son, principalmente, miembros de comunidades rurales indígenas y campesinas, quechuas y aimaras de la región Sur Andina del Perú.

Se han conocido también numerosos casos de detenciones masivas y arbitrarias (incluso de quienes no participan en las movilizaciones), y de represión hacia quienes apoyan a los y las manifestantes, y hacia periodistas independientes o de medios alternativos. Sumado a esto, recientemente se ha declarado el Estado de Emergencia en siete regiones del país. Esta medida suspende los derechos ciudadanos de sus pobladores/as, poniendo en riesgos sus vidas al facilitar una intervención desproporcionada por parte del Ejército.

Ante este grave escenario, la International Land Coalition [3] (ILC) ha realizado un llamado al Gobierno del Perú, a través de una carta dirigida a su presidenta, la Sra. Dina Boluarte, para que brinde una solución institucional y pacífica que restablezca la paz y que fomente el bienestar de quienes vienen movilizándose con valor y dignidad en defensa de la vida y la democracia.

Se observa el deterioro del Estado de derechos en el Perú y cómo este ha pasado a ocupar un puesto en las listas internacionales de democracias defectuosas.

“La actuación violenta y autoritaria que ha tenido lugar en la región Sur Andina, frente a una población sistemáticamente excluida, evidencia un retroceso de la democracia y una crisis de la gobernabilidad y de la paz que no veíamos en el país hace más de dos décadas atrás” se señala en la carta.

En su misiva, la ILC llama al Gobierno a investigar de forma imparcial las muertes y los hechos violentos ocurridos, para esclarecer los actos, identificar responsables y reparar a las víctimas desde un enfoque intercultural; a levantar el estado de emergencia -medida antidemocrática que pone en riesgo la vida de la población movilizada en el Sur Andino del Perú; a poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del ejercicio ciudadano de la protesta pacífica y libre expresión; y a reconocer la legitimidad de las demandas de la ciudadanía movilizada en el país.

[1] Fuente: Reporte Diario de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, 15 de febrero de 2023.

[2] Amnistía Internacional documenta 12 casos emblemáticos de muertes por disparos en el pecho, torso o cabeza, lo que señalan como posible indicativo de un uso intencional de la fuerza letal por parte del Estado. Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/

[3] La ILC es una alianza global de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales trabajando juntas para garantizar los derechos a la tierra para quienes viven en y de ella.

Derecho a la tierra y el territorio de pueblos indígenas esenciales para enfrentar la pérdida de biodiversidad

Desde el miércoles 7 y hasta el lunes 19 de diciembre de 2022, se está llevando a cabo en la ciudad de Montreal, la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU – COP15 – con el objetivo de acordar un nuevo conjunto de metas que orienten la acción mundial en favor de la naturaleza de aquí a 2030.

EN EL MARCO DE SU PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO GLOBAL, CONVERSAMOS CON SIMÓN CRISÓSTOMO LONCOPÁN, JOVEN DIRIGENTE TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD MAPUCHE DEL SECTOR DE CURARREHUE, AL SUR DE CHILE.

Integrante del Observatorio Ciudadano, organización miembro de la ILC y becario del Programa de jóvenes líderes 2021-2022 de la ILC, Simón nos cuenta sobre las acciones que está llevando a cabo su comunidad (y en especial desde las juventudes) para detener la pérdida de la biodiversidad y cómo se vincula esta lucha con los derechos sobre la tierra.

¿Por qué la protección de la biodiversidad es importante para ti y tu comunidad?

El itro fill mogen -o la biodiversidad como la denomina occidente- es la base elemental de nuestra comunidad y cosmovisión no solo como pueblos mapuche, sino como pueblos indígenas en toda Latinoamérica y el mundo. Su protección y cuidado es elemental no solo para la preservación de lo físico, sino también de lo espiritual y para mantener la cultura y conservar un espacio con toda su integridad: nuestra lengua, pensamiento, cultura y territorio. Por eso, su defensa es relevante no solo a escala local, sino también a escala global.

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¿Qué medidas ha tomado tu comunidad contra la pérdida de biodiversidad?

Nuestra comunidad ha enfrentado distintos procesos de defensa territorial contra proyectos extractivos, pero hoy en día estamos en una posición de contribuir a que la biodiversidad sea protegida y consagrada como elemento de protección al interior de nuestra comuna.

Por eso mi comunidad hoy en día está liderando un proceso de gobernanza territorial para la protección y creación de nuevas áreas de conservación indígena, en este caso mapuche, que estamos tratando de levantar.

NUESTRA META ES LOGRAR CONSAGRAR, EN 2023, UNA NUEVA ÁREA DE CONSERVACIÓN DE APROXIMADAMENTE 20.000 HA.

Esto se está logrando gracias al trabajo mancomunado entre los saberes tradicionales/ancestrales de nuestras gentes y las herramientas técnicas que nos proporcionan las organizaciones y carreras.

¿Por qué los derechos sobre la tierra son importantes para la biodiversidad?

Es fundamental hoy comprender y consagrar que el derecho y el acceso a la tierra y el territorio es fundamental para generar estas prácticas de conservación de la biodiversidad al interior de los territorios indígenas.

CUANDO NOSOTROS LOGRAMOS TENER ACCESO Y DERECHOS SOBRE NUESTROS TERRITORIOS, PODEMOS PROYECTAR E IMAGINAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN, DE RESGUARDO, FRENTE A LA AMENAZA EXTRACTIVISTA QUE HOY PONE EN RIESGO NUESTROS TERRITORIOS.

Es fundamental que esos derechos sean consagrados y respetados al interior de nuestros espacios y comunidades. Es la única vía para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático.

¿Cómo se da el trabajo de las juventudes para la conservación y qué tan importante es?

El trabajo de la juventud al interior de las comunidades en post de la conservación de la biodiversidad es fundamental, porque la juventud tiene esa energía y las herramientas para hacer frente a los procesos de gobernanza del territorio.

Como juventudes no podemos olvidar que tenemos conocimientos ancestrales, tenemos a nuestros mayores que nos entregan la calma, templanza y sabiduría para poder proyectar nuestro futuro y acciones al interior de nuestros territorios.

¿Qué expectativas tienes de la COP15 sobre biodiversidad?

Esta COP15 es especial porque se van a evaluar las medidas de las distintas COP de los últimos diez años. Como sabemos, las medidas no han sido del todo cumplidas, por lo hoy es necesario incidir desde nuestras organizaciones para hacer seguimiento a las medidas y que realmente se cumplan al interior de estos espacios, en los territorios y los países.

ESO ES LO QUE ESPERAMOS, UN SEGUIMIENTO Y UN COMPROMISO REAL DE LOS ESTADOS/GOBIERNOS PARA ABORDAR CON URGENCIA LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD QUE AFECTA A TODOS NUESTROS TERRITORIOS.

Encuentro Latinoamericano de Defensoras Ambientales

El 3 y 4 de noviembre se realizará en Buenos Aires este espacio organizado por Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Participarán más de 40 mujeres representantes de 30 organizaciones de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y El Salvador.

El objetivo de este Encuentro será impulsar alianzas entre las organizaciones de mujeres defensoras ambientales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas de Latinoamérica para llevar adelante acciones colectivas en defensa de los territorios, compartir estrategias de incidencia, visibilizar y fortalecer las iniciativas que llevan adelante por la justicia de género y justicia climática.

Será en el Hotel IBIS Congreso y está destinado a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas.

¿Por qué encontrarnos?

Actualmente, a las desigualdades estructurales que sufren las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano empobrecidas, se sumaron y profundizaron, la crisis económica global, la crisis sanitaria y las medidas de ajuste tomadas por los Estados, el poder concentrado en el capital financiero y el avance del extractivismo, todo esto sostén del actual sistema capitalista.

Las industrias extractivas, minería, petróleo, agronegocios, entre otras, están afectando seriamente los bienes naturales y trayendo graves consecuencias en las mujeres, niñas y jóvenes que ven afectada su salud, seguridad alimentaria, actividades productivas y permanencia en los territorios al ir limitando cada vez más el acceso, uso y control de sus tierras, territorios y bienes naturales.

Las inundaciones, sequías y frecuencia de otros desastres naturales, particularmente con lluvias impredecibles e inciertas, están haciendo que el cambio climático sea hoy más que nunca una realidad, afectando seriamente la vida de las comunidades, principalmente la de las mujeres que históricamente han asumido las tareas del cuidado y reproducción de la vida.

A lo expuesto, se suma el desequilibrio en las relaciones de poder en las cuales las comunidades, y en particular las mujeres, realizan acciones que implican la defensa de sus tierras, territorios y bienes comunes, poniendo en riesgo hasta su propia vida, además de sostenerla cotidianamente. Las violencias físicas, psicológicas, políticas, patrimoniales, sexuales y ambientales se han multiplicado por un patriarcado con múltiples caras: religioso, institucional, estatal, extractivo e incluso humanitario.

Todo esto también llevó al debilitamiento de las redes entre estos grupos, movimientos y organizaciones y en algunos casos a rupturas. Aún en este adverso escenario, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas sostienen la voluntad de impulsar articulaciones para desarrollar acciones conjuntas de incidencia, visibilización y comunicación de problemáticas y sus iniciativas para enfrentarlas. Con una experiencia amplia en la defensa del territorio y el medio ambiente, en contextos post pandémicos, las mujeres en los territorios están construyendo horizontes de justicia climática desde la cosmovisión de sus pueblos y en sintonía con los modos de vida.

En este marco, el 1° Encuentro Latinoamericano de Mujeres Defensoras Ambientales para la Acción Climática surge de la alianza y acciones conjuntas de tres organizaciones socias de la alianza GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action): Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Se origina para apoyar a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas. Seguimos impulsando agendas climáticas feministas para la defensa de los territorios.

Más Info: www.plurales.org

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