Perú: Violaciones de derechos humanos y criminalización de la protesta durante el actual gobierno
NOTA DE PRENSA
22 DE ABRIL DE 2023 – LA VIOLENCIA DESATADA COMO RESPUESTA AL DERECHO LEGÍTIMO A LA PROTESTA CIUDADANA HA COBRADO LA VIDA DE 60 PERSONAS EN PERÚ
En el contexto de la crisis política que se vive en el Perú desde el mes de diciembre, se ha visto cómo las violaciones de derechos humanos se vienen agudizando, y el nivel de violencia con el que se responde a las masivas protestas sociales ha alcanzado niveles críticos.
A la fecha, 60 personas han perdido la vida, y en 48 de esas muertes [1] -ocurridas en enfrentamientos con la fuerza policial y militar del país [2]-, hay indicios de la responsabilidad directa del Estado. Las víctimas son, principalmente, miembros de comunidades rurales indígenas y campesinas, quechuas y aimaras de la región Sur Andina del Perú.
Se han conocido también numerosos casos de detenciones masivas y arbitrarias (incluso de quienes no participan en las movilizaciones), y de represión hacia quienes apoyan a los y las manifestantes, y hacia periodistas independientes o de medios alternativos. Sumado a esto, recientemente se ha declarado el Estado de Emergencia en siete regiones del país. Esta medida suspende los derechos ciudadanos de sus pobladores/as, poniendo en riesgos sus vidas al facilitar una intervención desproporcionada por parte del Ejército.
Ante este grave escenario, la International Land Coalition [3] (ILC) ha realizado un llamado al Gobierno del Perú, a través de una carta dirigida a su presidenta, la Sra. Dina Boluarte, para que brinde una solución institucional y pacífica que restablezca la paz y que fomente el bienestar de quienes vienen movilizándose con valor y dignidad en defensa de la vida y la democracia.
Se observa el deterioro del Estado de derechos en el Perú y cómo este ha pasado a ocupar un puesto en las listas internacionales de democracias defectuosas.
“La actuación violenta y autoritaria que ha tenido lugar en la región Sur Andina, frente a una población sistemáticamente excluida, evidencia un retroceso de la democracia y una crisis de la gobernabilidad y de la paz que no veíamos en el país hace más de dos décadas atrás” se señala en la carta.
En su misiva, la ILC llama al Gobierno a investigar de forma imparcial las muertes y los hechos violentos ocurridos, para esclarecer los actos, identificar responsables y reparar a las víctimas desde un enfoque intercultural; a levantar el estado de emergencia -medida antidemocrática que pone en riesgo la vida de la población movilizada en el Sur Andino del Perú; a poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del ejercicio ciudadano de la protesta pacífica y libre expresión; y a reconocer la legitimidad de las demandas de la ciudadanía movilizada en el país.
[1] Fuente: Reporte Diario de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, 15 de febrero de 2023.
[2] Amnistía Internacional documenta 12 casos emblemáticos de muertes por disparos en el pecho, torso o cabeza, lo que señalan como posible indicativo de un uso intencional de la fuerza letal por parte del Estado. Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/
[3] La ILC es una alianza global de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales trabajando juntas para garantizar los derechos a la tierra para quienes viven en y de ella.
