Incidencia de Defensoras de la tierra y el territorio en la implementación del Acuerdo de Escazú

Entre el 7 y el 10 de abril, compañeras de organizaciones de base integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y territorio (PDDTT) y su facilitador, participaron del Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe con el objetivo de incluir la perspectiva de género como un aspecto central y transversal de la aplicación del Acuerdo de Escazú.

En el marco del proceso de identificar nuevos espacios de incidencia y fortalecer las capacidades técnicas y políticas de trabajo de la Plataforma mediante la formación y la participación activa, Maricielo Quispe, integrante de CODECA Guatemala; Danitza Quispe Huillca, de ONAMIAP Perú; Yamile Esquivel, de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio y CNT Colombia; Leylis Vigil, UEDESAMAR Honduras y Escuela Feminista por la Acción Climática (EFAC) y Nicolás Avellaneda, facilitador de la plataforma, viajaron a Basseterre, Saint Kitts y Nevis.

“Como mujeres defensoras de los territorios, es indispensable participar en estos espacios para dar visibilidad a las luchas históricas que se desarrollan en las comunidades rurales frente al sistema extractivista”, cuenta Maricielo.

La Plataforma prioriza la incidencia regional y participación activa en el mecanismo de implementación del Acuerdo de Escazú, con foco especial en las mujeres defensoras como guardianas de los territorios. En este sentido, venimos participando activamente de distintos mecanismos en el marco del Acuerdo como la II Conferencia de las Partes (COP2) de Escazú, el II Foro de personas Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina, la COP 3 Escazú y los diferentes espacios de consulta impulsados desde la secretaria del Acuerdo, como los de transversalización de género y desarrollo de un plan de implementación regional para el artículo 9.

“Participar en espacios de incidencia regional y global siempre es un desafío. Por un lado, es difícil llegar a estos eventos, acceder a la información previa y generar aportes específicos según las negociaciones que se estén desarrollando. Por otro lado, una vez en estos espacios, los mecanismos son complejos y en general es difícil participar e incidir. Sin embargo, este Foro es un momento pensado para fortalecer y propiciar la participación activa de las personas defensoras ambientales en el marco de la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú”, explica Nicolás.

En esta ocasión, este encuentro se desarrolló en el caribe anglófono, específicamente en Saint Kitts y Nevis, uno de los tres países que viene liderando el grupo de trabajo de Escazú sobre personas defensoras, conjuntamente con Chile y Ecuador. La decisión de los Estados Parte de realizarlo allí se debió a la necesidad de acercar el Acuerdo a la sociedad civil del Caribe, esto es fundamental. Sin embargo, impactó fuertemente en la capacidad real de participación de América Latina. “Aun así tuvieron un rol fundamental en las discusiones durante estos días, exponiendo no solo problemáticas específicas, sino también propuestas concretas para mejorar la participación de las mujeres defensoras ambientales, los pueblos indígenas y las juventudes”, afirma Nicolás.

Maricielo describe que “participar en este espacio nos permitió tener una mirada regional respecto a la situación de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reconocer las diferentes situaciones de vulnerabilidad y los desafíos que enfrentamos las defensoras del territorio por la ausencia de compromiso por parte de los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos”.

Perspectiva de género

La COP 3 adoptó la Decisión III/4 sobre transversalización de la perspectiva de género para avanzar en la igualdad en la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú. En dicha Decisión, entre otras cosas, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaborar, con el apoyo del resto del Sistema de las Naciones Unidas, “una guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, y que la misma, se presente en la COP4 a desarrollarse en el 2026. En este marco, la CEPAL inició un proceso de consulta pública para la elaboración de esta guía, y durante el Foro se realizaron distintos talleres para evaluar los primeros borradores, realizar sugerencias y aportes que serán incorporados. “Si bien como Plataforma creemos que hubieran sido necesarios más espacios de discusión sobre este tema concreto, la realidad es que las personas defensoras pusimos sobre la mesa la necesidad de visibilizar los impactos diferenciados sobre género en relación con la defensa del territorio y los bienes naturales durante todas las actividades del Foro”, explica Nicolás.

“Es necesario reconocer y accionar en el marco de un análisis diferenciado respecto a la situación de vulnerabilidad que nos atraviesa como mujeres indígenas”, insiste Maricielo. Puntualmente, integrantes de la Plataforma en el Foro participamos activamente de los talleres de género, apoyamos en la facilitación y compartimos buenas prácticas y experiencias de vida. Además, estuvimos en la presentación final de las recomendaciones surgidas del Foro para la transversalización de género en el Acuerdo.

Este encuentro en general fue creado con el objetivo de fomentar la participación de personas defensoras en el diseño y aprobación del plan de acción que posibilita cumplimentar con el artículo 9. Como esto se logró en 2024, durante la COP 3, cambió su misión a un espacio para evaluar y monitorear el debido cumplimiento del plan regional y los nacionales. En este sentido, desde la sociedad civil y los representantes del público se planteó la oportunidad de generar informes alternativos para formalizar el monitoreo, esto abre un nuevo espacio de trabajo para las personas defensoras. “Como Plataforma nos sumamos al equipo de trabajo que organiza estos informes, aportando nuestra experiencia de incidencia en otros mecanismos internacionales”, detalla Nicolás.

Además de esto, el proceso de elaboración de la guía de transversalizacion de género sigue siendo una prioridad para la agenda de las partes y donde la sociedad civil sigue teniendo oportunidades concretas de incidencia. Por lo tanto, “seguiremos trabajando en este sentido para posicionar las recomendaciones de las organizaciones miembro de la plataforma, incluidas en nuestra ruta de incidencia para mujeres defensoras ambientales”, afirma Nicolás.

En alerta pero fortalecidas

Olimpia Castillo Blanco, integrante de la organización Comunicación y Educación Ambiental SC de México, formó parte de nuestra delegación y cuenta que se “llevó una gran preocupación porque la situación de las defensoras y defensores sigue siendo preocupante y las acciones van lentas”. A pesar de eso, “fue muy importante el intercambio en las mesas de trabajo con otras personas colegas de la región y por eso es muy necesaria la participación de las mujeres defensoras que comparten las problemáticas y realidades de los territorios, pero también los avances que en algunos casos han logrado”.

La preocupación es inevitable, pero también se renovaron los compromisos, Maricielo afirma: “De esta participación me llevo el compromiso de seguir luchando de manera articulada por la defensa del territorio y fortalecer el trabajo de reflexión en las comunidades rurales de Guatemala por el reconocimiento y ratificación del Acuerdo de Escazú como un mecanismo para la preservación de la vida en los territorios”.

Por su parte, Yamila se lleva “el compromiso de seguir generando cambios en los paradigmas que aún encontramos en nuestras comunidades y de seguir contribuyendo en la defensa de los derechos humanos, del medioambiente y del territorio”.

Por su parte, Leylis lo describe como “una experiencia muy valiosa. Escuchar a otras compañeras, compartir cómo se organizan y qué mecanismo utilizan en su territorio para defender la vida y la naturaleza fue inspirador y enriquecedor para mí. Salgo con el compromiso más fuerte de seguir cuidando nuestro territorio y luchando colectivamente por la justicia ambiental”.

Fondo de Emergencia para personas defensoras ambientales

Para esta Plataforma es fundamental proteger los derechos civiles y políticos de las y los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones relativas a la tierra. Luchar contra la estigmatización y la criminalización de la protesta pacífica y el activismo en pro de los derechos a la tierra, poniendo fin a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo acoso, amenazas, violencia y prisión por razones políticas.

La International Land Coalition de América Latina y el Caribe (ILC LAC) impulsa un Fondo de Emergencia para la Protección de Defensoras y Defensoras de los Derechos a la Tierra y Medioambientales (LED, por sus siglas en inglés). El Grupo de Referencia de Protección de Defensores de los Derechos a la Tierra y Medioambientales de la ILC (Grupo LED) regional, está integrado por miembros de la ILC y una de sus funciones es responder a las solicitudes de este Fondo. La Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDDTT) tiene a su cargo la facilitación de este grupo, está encargada de recibir las solicitudes, dar respuesta y en caso de ser aprobadas, hacer seguimiento al proceso.

Se espera que el fondo atienda una situación puntual ante una CRISIS, no se destina a resolver un problema estructural que requiere una atención de más largo aliento o incluso un proyecto de largo alcance. Se enfoca en las necesidades específicas originadas por una situación de EMERGENCIA vinculada a alguno o varios de los siguientes aspectos:

  • Reubicación temporal
  • Asistencia jurídica urgente
  • Apoyo financiero (en un solo pago) a la familia en caso de muerte, discapacidad, daños físicos graves o encarcelamiento del defensor
  • Ayuda médica urgente
  • Fianza para lograr la libertad condicional
  • Recursos para movilidad y desplazamiento temporal por razón de seguridad

El FE-LED está a disposición de defensoras y defensores de derechos a la tierra y medioambientales. Se dirige a acciones de defensa lideradas por pueblos indígenas, minorías, campesinos, comunidades afrodescendientes y quilombolas, pastores, cazadores y recolectores, mujeres rurales, jóvenes rurales, entre otras personas. Los usuarios pueden ser individuos u organizaciones, las aplicaciones deben ser hechas por miembros de la ILC afectados o en representación de las organizaciones o comunidades con las que trabajan.

La Plataforma presente en el CSW69

Comenzó el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) que se celebrará del 10 al 21 de marzo de 2025 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Junto a International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC), Plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra LAC y Oxfam, organizamos un evento oficial de Alto Nivel virtual: «El papel crucial de las defensoras de la tierra en la protección de los territorios y los derechos sobre la tierra»

Será el jueves 20 de marzo a las 4:30 pm EDT (3:30pm PER, GTM, COL) hablado en español con traducción al portugués.

INSCRIPCIÓN

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es el principal órgano intergubernamental del mundo y la mayor reunión anual dedicada exclusivamente a la promoción de la igualdad de género. Este año conmemorará el 30º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 («Beijing +30») y nuestra actividad tiene el objetivo de visibilizar los avances y las brechas pendientes en materia de datos, liderazgo de mujeres de base y la situación de las defensoras de la tierra en nuestra región.

MÁS INFORMACIÓN

*Foto de portada: ILC LAC

Escazú en la voz de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio

Una de las prioridades de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio es facilitar e impulsar la participación de quienes luchan en los territorios contra los proyectos extractivistas que atentan contra el medio ambiente y ponen en riesgo a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginales.

Es por eso que, como Plataforma participamos en la COP2 (Buenos Aires) dando inicio a nuestra estrategia de incidencia alrededor del mecanismo del Acuerdo de Escazú, y para la COP3 (Santiago) privilegiamos la participación de mujeres defensoras que estuvieron en el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, organizado por la Cepal, en Panamá, con el fin de consolidar tanto su apropiación como su participación en acciones de incidencia regional respecto al Acuerdo de Escazú.

Aquí compartimos las voces de ellas: mujeres líderes, defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Sus reflexiones, aprendizajes y análisis sobre el Acuerdo de Escazú y el Plan de Acción Regional marcan un derrotero de la ruta que hay que seguir para avanzar en el propósito de lograr el pleno respeto, protección y garantía de los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de la tierra y el fin de la impunidad de los crímenes contra ellas.

¿Qué significó esta participación tanto en la PreCOP como en la COP3?

Para Pamela Benicio, de la Red Chacha Warmi, de Argentina, participar en la PreCOP y en la COP fue una experiencia de mucho aprendizaje, pues no solo le permitió representar a la Red y dar voz a las demandas de su comunidad “Ayllu Abralaite”, sino que le dio la oportunidad de visibilizar y realizar aportes a la discusión regional sobre la situación de los pueblos indígenas, defensores del territorio ancestral, ante las problemáticas ambientales que ocurren en la provincia de Jujuy, relacionados a la vulneración de derechos y la extracción de litio.

También estar presente en ambos espacios internacionales me dio acceso a información actualizada del Acuerdo y la oportunidad de crear vínculos con otras organizaciones de hermanas indígenas defensoras del ambiente e intercambiar experiencias de trabajo.

En este mismo sentido, Magany Belalcazar, de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas –Defensora de la amazonía, señaló que para ella como mujer de base la participación en estos espacios le permitió conocer y compartir con otras defensoras y defensores de la región que viven situaciones similares.

Las hermanas Mapuche, hermanas mexicanas, peruanas, bolivianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas, paraguayas, brasileras, colombianas, entre otras, vimos más ampliamente lo complejo que es el contexto de la región para las Mujeres defensoras de los derechos ambientales.

Para ella la aprobación del Plan de Acción de Escazú es uno de los mejores y los mayores avances logrados en Chile, pues esta adopción del Plan transmite un mensaje político de urgencia para revertir las afectaciones directas a defensores y defensoras. Es muy importante resaltar que este Plan incorpora medidas relacionadas con el derecho a la información, a la participación y la inclusión de comunidades indígenas, al acceso a la justicia, la protección y los derechos ambientales.

En términos generales creo que se logran incluir asuntos importantes, pero falta mucho aún (…) Falta tener en cuenta la inclusión y participación efectiva de la diversidad de Mujeres defensoras campesinas, rurales, indígenas, afros, jóvenes, en condición de discapacidad, entre muchas otras. Este sigue siendo un espacio machista y patriarcal al que le falta una mirada más amplia para entender quiénes mayormente defienden los derechos ambientales y la protección al ambiente al territorio. En la Amazonía, por ejemplo, somos las Mujeres.

¿Cuáles son las principales conclusiones para ustedes como defensoras de la tierra y el territorio?

Para Claudelice Santos, del Instituto Ze Claudio e Maria/ Escazú Ahora, de Brasil, asistir a estos eventos generó varias reflexiones, una de ellas tiene que ver con la necesidad de sugerir a la ONU, en este caso a la CEPAL, cómo generar escenarios que promuevan una verdadera participación popular. Por otro lado, evidenció que Brasil tiene un largo camino por recorrer para garantizar la protección y los derechos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.

Nuestra organización regresó con la certeza de que hay mucho por lo que tenemos que luchar hasta la ratificación del Acuerdo. Tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas de otros raíces de nuestra inmensa América Latina y el Caribe para que podamos alcanzar la ratificación y, más aún, la implementación de esta herramienta en nuestro país.

Por su parte, Magany Belalcazar, señaló que más allá de la aprobación del Plan de Acción Regional lo que identificó como conclusión fue que sigue siendo escasa la participación real y efectiva de las voces y la mirada de las mujeres en estos espacios y que se desconoce el contexto y la realidad de las defensoras.

A esto se suman las reflexiones de Pamela Benicio quien manifiesta que si bien para la Red Chacha Warmi la ratificación del Estado argentino al Acuerdo de Escazú significa un logro para la región porque el Acuerdo es un instrumento que protege y respalda a las y los defensores ambientales, al observar y escuchar las demandas de otras comunidades indígenas de diversas regiones quedaron en evidencia las desigualdades y barreras históricas que estas enfrentan.

Por eso consideramos necesario que se consolide un mecanismo de participación que garantice nuestra participación de forma efectiva y directa en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades planteadas para la implementación y sobre todo en las instancias de negociación del Acuerdo.

A esto, Pamela añade la necesidad imperante de financiación de los Estados parte para favorecer la divulgación del Acuerdo de Escazú e incrementar esfuerzos en la formación a autoridades gubernamentales locales y pueblos indígenas sobre su contenido.

La información debe contextualizarse a las diferentes realidades de cada pueblo o región del país para fortalecer y empoderar a los y las defensores ambientales.

¿Qué viene ahora luego de la aprobación del Plan de Acción Escazú?

Magany Belalcazar manifiesta que para los Estados viene el compromiso con la implementación del Acuerdo, por lo que se hizo un llamado a Colombia y a los otros países para ratificar e integrar Escazú con acciones reales.

Contar con la voluntad política es clave para reverdecer la vida, florecer la esperanza y abonar la confianza de qué este Plan no queda en el papel, sino que por el contrario servirá de insumo permanente y como herramienta para trabajar en la implantación nacional y territorial del Acuerdo.

Como integrante de una comunidad indígena, Pamela señala que las decisiones y acciones son colectivas, por lo que el Acuerdo no debería tener solo un enfoque individual sino un enfoque colectivo e intercultural para que sea totalmente efectivo y acorde con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Velaremos para conseguir un Plan de Acción con perspectiva de género y etnicidad o bien la
incorporación de un Plan de género que reduzca las desigualdades con una mirada interseccional y con equidad intergeneracional. Mismo para la planificación y construcción de la COP de Escazú atendiendo a la realidad y demandas específicas de las mujeres indígenas con representatividad indígena.

Por su parte, Claudelice reconoce que tras esta aprobación seguirá de cerca a los países que ya están en un proceso más avanzado que Brasil para aprender e impulsar la ratificación por parte de su país.

Estoy conectada con mis hermanos latinos, luchando por nuestro Buen Vivir, caminando día tras día hacia la justicia y la dignidad.

Un mensaje para otras defensoras de la tierra y el territorio

BRASIL

Que nunca perdamos la esperanza de que algún día nosotros o nuestros seres queridos tengamos lo que tantos anhelamos, una madre tierra, libre de violencia, veneno y explotación, para que nuestros hijos puedan tener un futuro promisorio y ancestral. Seguimos esperando un tiempo de paz.

Claudelice Santos, Brasil

COLOMBIA

Debemos juntarnos para lograr mayor incidencia (…) para avanzar con una mirada crítica, política, argumentativa frente a lo que hacemos en los diferentes territorios donde defendemos nuestros derechos a la casa grande, al techo mayor, a la fuente de vida que es el agua, la cobija perfecta que es la amazonia: colcha de sueños, biodiversidad; abrazo que se enlaza con los ríos y las semilla que brotan entre los árboles (…) Juntarnos nos hace más poderosas, arroparnos con la fuerza que tenemos como defensoras, como Mujeres, y comunicar más lo que sabemos, compartir más lo que tenemos y recibir más de lo que merecemos.

Magany Belalcázar, Colombia

ARGENTINA

Como defensoras del territorio y de los seres que habitan en él, somos la fuerza
ancestral que construye un futuro de dignidad, respeto y justicia para las naciones
indígenas del Abya Yala. Nuestra existencia, nuestra voz es nuestra fuerza. Sigamos
luchando para el empoderamiento, la autodeterminación y el respeto de nuestros territorios. ¡Jallalla hermanas!

Pamela Benicio, Argentina

Defensoras de “carne y hueso” impulsan Escazú

Fueron tres días preparatorios en los que defensoras y defensores de la tierra y el territorio se congregaron en Chile para analizar los elementos más esenciales del Acuerdo de Escazú. La delegación de la Plataforma llegó a la COP3 a impulsar el enfoque de género, el rol de las mujeres defensoras y la centralidad de los territorios y sus liderazgos. El Plan de Acción aprobado es una oportunidad y a la vez un desafío.

Una delegación de 14 personas defensoras de la tierra y el territorio integrantes de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio (PDTT), se dieron cita en Santiago de Chile para participar tanto del evento preparatorio PreCOP de la Sociedad Civil Escazú 2024, del 19 al 21 de abril; como de la Conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú – COP3, del 22 al 24 de abril, donde se definiría el Plan de Acción Regional para el Acuerdo.

Participaron representante de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia con el objetivo de:

  • Posicionar los aportes de la Plataforma en la discusión regional sobre la situación de las defensoras y de los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente
  • Incidir y establecer redes con organismos internacionales y otros procesos de articulación regional; y, finalmente
  • Fortalecer las capacidades de las defensoras, los defensores, sus organizaciones y comunidades a través del aprendizaje, el intercambio y la participación en espacios trasnacionales para visibilizar sus demandas y promover acciones a favor de la protección de la tierra y el territorio.

Para Ana María Restrepo, facilitación de la PDTT, “es importante que sean las defensoras y defensores quienes estén presentes en estos escenarios no solo para propiciar la apropiación del Acuerdo y su posterior socialización en los territorios, sino porque esto genera aprendizajes sobre cómo se hace el lobby y la incidencia, y favorece las redes, el intercambio con otras personas que enfrentan realidades similares”.

Lo anterior atendiendo a que en muchas ocasiones estos espacios oficiales de participación son coptados por algunas voces que no representan las organizaciones locales. Justo en este sentido Claudelice Santos, del Instituto Ze Claudio e Maria/ Escazu Ahora, de Brasil, expresó cómo mientras que en la Pre-COP se sitió entre pares, construyendo en colectivo, y añadió:

“En la COP oficial me sentí poco representada por los representantes oficiales del país (…) En Brasil tenemos que luchar hasta la ratificación del acuerdo, tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas de otros países de nuestra inmensa América Latina y el Caribe para que se pueda alcanzar la ratificación y, más aún, la implementación de esta herramienta en nuestro país”.

Claudelice Santos, del Instituto Ze Claudio e Maria/ Escazu Ahora, de Brasil

Es por eso la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio en articulación con Oxfam y la International Land Coalition impulsaron y privilegiaron la participación de mujeres defensoras en estos escenarios. Para Pamela Benicio, de la Red Chacha Warmi, su participación en estos escenarios de incidencia significó una oportunidad para aprender y dar voz a las demandas de su comunidad Ayllu Abralaite. “Participar en la PreCOP y en la COP fue una experiencia de mucho aprendizaje (…) Ambos espacios internacionales me dieron acceso a información actualizada del acuerdo y la oportunidad de crear vínculos con otras organizaciones de hermanas indígenas defensoras del ambiente e intercambiar experiencias de trabajo”.

El enfoque de género, una prioridad en Escazú

Como parte de la agenda de la PreCOP la Plataforma en alianza con Oxfam y la ILC organizaron el cine foro “Las mujeres en defensa del territorio” (19 de abril) y el taller “Enfoque de género y derechos de mujeres de defensoras en el Acuerdo de Escazú” (21 de abril). Ambas actividades buscaron impulsar la reflexión sobre las realidades que enfrentan las mujeres defensoras y activar el diseño de estrategias que ayudaran a integran el enfoque de género en el Plan de Acción Regional.

Magany Belalcázar y Amanda Huichalaf, mujeres líderes y protagonistas de las luchas que se presentaron en los cortos documentales “En la Línea” y “Jardín Infinito”, estuvieron presentes y alertaron sobre la importancia de relevar sus voces. Magany lo manifestó así, durante el evento: “es importante para estos procesos que la voz de las mujeres vaya adelante, que se sepa de nuestra lucha ante tantos actores e intereses extractivos”.

A esto se sumaron las reflexiones suscitadas en el marco del taller alrededor del acceso a la información; la participación; el acceso a la justicia y los mecanismos de protección con los que cuentan las mujeres defensoras. Algunos de esos asuntos fueron compilados por Karla Priego, directora de Veredas AC, de México, quien participó del taller. Se indican, por ejemplo:

  • Mayor transparencia en las instituciones y empresas, pues no está garantizado el acceso a la información para comunidades y pueblos indígenas, especialmente de mujeres
  • La necesidad de garantizar para las mujeres defensoras una participación más activa e incidente, tanto en el ámbito rural como urbano;
  • Mayor autonomía de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes en relación con la consulta previa e informada;
  • Voluntad política para acabar con la impunidad y construir planes de seguridad con enfoque de género.

La aprobación del Plan de Acción Regional de Escazú, ¿oportunidad o desafío?

Tras las actividades preparatorias, la delegación de la Plataforma llegó a la COP3, el evento oficial de las partes. La participación en este escenario fue determinante para exponer lo que las y los defensores habían consolidado en la PreCOP y que contribuiría a la definición del Plan de Acción Regional, que no es otra cosa que el compromiso expreso de los Estados parte para desarrollar acciones conducentes a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales” (artículo 9), en un primer plazo hasta 2030.

Para Javier Medina, integrante de la Plataforma e investigador del Cinep/Programa por la Paz, en Colombia, la aprobación del Plan aumenta el reconocimiento y la legitimidad a nivel regional y nacional de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, según él, esto debe ser acompañado de medidas reales para su protección.

“ Nos queda la lucha por un Plan de Acción de género, que no se refiera solo a lo que les sucede a las mujeres, sino que acoja de una manera más integral las situaciones de vulneración que enfrentan las personas con diversidades de género. Porque es un hecho que, en general, estos mecanismos no se construyen desde esas perspectivas.

Ana María Restrepo, facilitación Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio

Ahora bien, para las organizaciones de la sociedad civil, esta aprobación es una oportunidad para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Escazú y, de manera colaborativa, generar indicadores que permitan ver los avances del mismo. Según Javier Medina, hay tres acciones clave en las cuales avanzar:

  • Trabajar en conjunto para aumentar la participación de las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en los distintos mecanismos de implementación y de participación del Acuerdo, incluida la representación del público.
  • Hacer seguimiento a la implementación del Plan y generar recomendaciones para los Estados teniendo en cuenta el Acuerdo de Escazú y el derecho internacional de los Derechos Humanos.
  • Trabajar junto con las organizaciones de mujeres y mujeres de organizaciones mixtas en darle sentido al “con perspectiva de género y enfoque interseccional”, para asegurar que los lineamientos para la protección incluyan la propia experiencia de las mujeres en el contexto extractivo latinoamericano.

“Juntar la tierra, el corazón y la defensa», Magany Belarcazar

Uno de los principales logros de esta participación tanto en la PreCOP como en la COP Escazú se resume en esta frase que surgió durante el taller de género. Las mujeres defensoras que fueron parte de la delegación de la Plataforma se encontraron en Chile y aprendieron, se reconocieron unas a otras en realidades similares, con luchas que las conectan y sobre las que caminan con determinación.

Las mujeres defensoras participantes de la PreCOP y la COP3 Escazú reconocen que, si bien el Acuerdo abre una ventana de oportunidad, aún falta mucho por hacer y que “la única manera es la lucha colectiva, que nos juntemos todas”, en palabras de Martha Esber, integrante de la Plataforma y de la Fundación Plurales, de Argentina.

“Si bien el acuerdo es un instrumento que nos protege y respalda a las y los defensores ambientales (…) escuchando las demandas de hermanos indígenas de diversas regiones y reconociendo las desigualdades y barreras que enfrentamos históricamente consideramos necesario se consolide un mecanismo que garantice nuestra participación de forma efectiva y directa en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades planteadas para la implementación y sobre todo en las instancias de negociación del Acuerdo”.

Pamela Benicio, Red Chacha Warmi de Argentina, parte de la delegación de la PDTT

El Acuerdo de Escazú contempla explícitamente la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Es un esfuerzo por integrar distintas voces, generar la participación y propiciar un diálogo regional sobre el tema. No obstante, es necesario escuchar a quienes enfrentan en los territorios el modelo de desarrollo extractivista y los efectos alarmantes del cambio climático sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginales.

Es necesario incidir y visibilizar las voces de las y los defensores ambientales, para garantizar que los Estados incorporen medidas efectivas.

“Nos seguiremos juntando las y los defensores reales, las que estamos amenazadas, las que no tenemos mecanismos de protección (…) [porque] Si se sigue articulando con las agencias de cooperación internacional que están en las capitales se invertirán muchos recursos, pero no habrá recursos humanos en los territorios para defender el aire y la vida que hoy estamos defendiendo las defensoras rurales de carne y hueso que estamos en los territorios”.

Magany Belalcazar, Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas – Defensora de la amazonía. Parte de la delegación de la PDTT.

Proyección de «La ilusión de la abundancia» en el 2° Foro anual sobre defensoras y defensores de DDHH en asuntos ambientales de ALC

Organizan este evento la Plataforma Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, la International Land Coalition América Latina y el Caribe, la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina, Fundación Plurales, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en asocio con Oxfam América Latina, y con el apoyo de la Global Alliance for Green and Gender Action, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, Colectivo CASA Bolivia y el Instituto Cordillhera.

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, e incluye la primera disposición del mundo concerniente a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En su artículo 9°, el Acuerdo establece que los Estados-Parte se comprometen a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Para apoyar la implementación de este artículo, se dispuso la celebración de un foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, entre el 26 y el 28 de septiembre de 2023 se realizará en la ciudad de Panamá el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.

Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su segunda edición el foro contará con la participación de las Partes del Acuerdo de Escazú, especialistas reconocidos/as en el tema, actores clave, y público en general, en el que se destacan las personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.

La ilusión de la abundancia

En el marco de este encuentro, se proyectará “La ilusión de la abundancia” (The Illusion of Abundance), documental dirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert. El film presenta a Berta Cáceres, Carolina de Moura y Máxima Acuña, tres mujeres de América Latina que defienden a sus comunidades de las empresas transnacionales -los conquistadores de hoy en día- que pretenden reducir sus tierras y sus medios de vida a un montón de materias primas con ánimo de lucro. Los realizadores querían hacer una película que recorriera los paisajes del extractivismo en América Latina. Para ilustrar la realidad actual, se centraron en la resistencia de estas mujeres, que demuestran las consecuencias de la globalización y lo que significa el «desarrollo» en su región.

Tras la proyección, se realizará un conversatorio en el cual participarán dos de sus protagonistas, las defensoras Máxima Acuña (Perú) y Carolina De Moura (Brasil), y la co-directora del film, Érika González. Este conversatorio contará con la moderación de Marta Esber, de Fundación Plurales.

Coproducido por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la ILC LAC, el documental se proyectó por primera vez en el Parlamento Europeo en octubre de 2022, y desde entonces ha sido exhibido en festivales de cine y proyecciones políticas en Europa. Este año, «La ilusión de la abundancia» continúa su recorrido con una gira de impacto a lo largo y ancho de América Latina.

Tomado de: https://lac.landcoalition.org/es/engage/events-opportunities/proyeccion-del-documental-la-ilusion-de-la-abundancia-y-conversatorio/

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Las voces de quienes defienden la tierra presentes en el 2º Foro Anual de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos del Acuerdo de Escazú

Defensoras de la tierra y el medio ambiente de siete países de la región, integrantes de Coaliciones Nacionales por la Tierra y de la Plataforma de Defensores y Defensoras por la Tierra y el Territorio, conformarán una delegación para se parte del 2° Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.

Entre los días 25 y 28 de septiembre, 22 personas defensoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú, estarán visibilizando sus demandas y propuestas para fortalecer sus voces y promover un bloque común, regional, feminista y con base territorial, que potencie la participación y las propuestas de la sociedad civil en este espacio de incidencia vinculado al Acuerdo de Escazú. 

Elza Santiago, integrante de la Articulação De Mulheres Brasileiras (AMB) que también viajará, destaca que “las mujeres siempre son las mayores víctimas de las acciones contra el ambiente, nada más justo que empoderar a estas mujeres y ponerlas en primera línea, porque nadie mejor que ellas para saber lo que pasa con sus tierras y territorios”.

En este marco, serán parte de numerosas actividades de gran relevancia para la agenda de las y los defensores ambientales de la región.

Previo al Foro, el lunes 25, 10 compañeras de la delegación serán parte de un Taller estratégico dictado por ONU Mujeres. El martes 26, por la mañana, la delegación completa, se reunirá con representantes electos del público del Acuerdo de Escazú. Por la tarde, tendrán dos encuentros, primero con el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y luego, con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 

Ese mismo martes, a las 17:30 hora Panamá, se proyectará el Documental La ilusión de la abundancia, seguido de un conversatorio con Máxima Acuña y Carolina del Moura, protagonistas, y Érika González, una de sus directoras. Este evento se realizará en el marco de las actividades formales del Foro para visibilizar y poner en agenda las luchas de mujeres defensoras en América Latina y Caribe.

El miércoles 27, se dará inicio al Foro y participarán de la plenaria para profundizar en la temática, dar a conocer el estado de situación de las personas defensoras en la región e identificar nuevos desafíos y mecanismos nacionales y regionales de protección existentes. Finalmente, el jueves 28, serán parte de las mesas de trabajo para discutir los diferentes ejes del plan de acción.

Samanta Delgado, integrante de la Red Chacha Warmi, de Jujuy, Argentina, cuenta: “Mis expectativas son altas en relación con mi participación. Desde nuestra organización consideramos al Foro como una instancia de capacitación y fortalecimiento, en cuanto a que es imprescindible, de acuerdo al contexto político de Jujuy, aprender y profundizar sobre el Acuerdo de Escazú y todos los mecanismos existentes para garantizar su cumplimiento. Hoy es una urgencia. Además, generar redes con otras hermanas es fundamental para el sostén de la resistencia y la lucha por la defensa del territorio”.  

Escazú: un acuerdo, una oportunidad

El Acuerdo de Escazú reglamenta el acceso a la información por parte de las poblaciones, la información pública ambiental, la protección de defensores y defensoras ambientales, acceso efectivo a la justicia, y que la participación de la ciudadanía sea activa y respetada.

Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta el momento, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Según Global Witness, en 2022, el 88% de los asesinatos de personas defensoras del mundo, ocurrieron en América Latina. En este marco, este acuerdo es el primer instrumento normativo a nivel internacional que garantiza y establece un sistema de protección para los y las defensoras del ambiente. Plantea normativas en un aspecto más técnico y propone una serie de derechos en materia ambiental. Este pacto representa un hito para la responsabilidad de las empresas con el ambiente. 

Implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú significa un gran paso hacia la consolidación de un nuevo modelo de democracia ambiental, fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ser parte del desarrollo sostenible, inclusivo y justo. “Es un avance positivo para los derechos ambientales y las personas que defendemos la autonomía de los territorios y la vida. Sostengo que hay que trabajar mucho para encontrar los medios necesarios para su efectiva implementación, pues el contenido del mismo pone en tensión prácticas bien instaladas por los poderes que defienden los intereses extractivistas y neocoloniales de las empresas supranacionales y los Estados”, aclara Samanta.

Foros sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe

Durante el 2022, se realizó el Primer foro en Ecuador, el cual tuvo como objetivo, generar un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación y los desafíos que experimentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Reunió a diferentes Partes del Acuerdo de Escazú, como gobiernos, especialistas reconocidos en el tema, público en general, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades locales y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el ambiente.

El evento fue organizado por CEPAL, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Este Segundo Foro, es organizado nuevamente por la CEPAL, en alianza con el PNUMA, la ACNUDH, el PNUD, el Gobierno de Panamá y el apoyo del Banco Mundial. Será presencial, con transmisión en vivo, y las mesas de trabajo, presenciales y virtuales, y funcionarán en forma paralela.

“Se abordará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, se compartirán experiencias y buenas prácticas en la promoción, prevención y protección de las personas defensoras del ambiente, y se continuarán las discusiones y consultas del Plan de Acción”, informa el sitio web de CEPAL

Programa 2° Foro Anual de Defensoras completo

Desde Brasil, Elza cuenta que el Foro le permitirá “conocer personas que pelean las mismas luchas que yo, hacer intercambios, aprender y descubrir qué han hecho otras personas en América Latina en defensa del ambiente y de los defensores”.

El contexto social, político y económico de la región es alarmante y violento, no solo por los graves efectos de la crisis climática, sino por el avance permanente de las industrias extractivas, la implementación de políticas neoliberales y la presión de grupos conservadores y anti-derechos, como parte del modelo de desarrollo. En este marco, el Acuerdo de Escazú genera herramientas y mecanismos de protección, seguridad y garantías de derechos importantes y alineadas a la defensa del ambiente. 

La participación de esta delegación es fundamental, el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta y este Foro es un espacio directo de incidencia.

La participación de esta delegación es fundamental, el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta y este Foro es un espacio directo de incidencia. Es necesario visibilizar las voces de la sociedad civil, y particularmente de defensoras ambientales. “Estos espacios institucionales, en el ámbito internacional, deben contar con la participación de defensoras ambientales, pues el Acuerdo se basa en la participación, por lo que el Foro es una instancia que debe ser tomada como prioritaria para que conozcan la situación local y regional de nuestros Pueblos y sobre todo para saber, cuáles son los obstáculos existentes para la implementación de un instrumento internacional en cada lugar”, concluye Samanta.

Informe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas a Argentina

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina del 16 al 28 de febrero de 2023. Repasamos los datos alarmantes y recomendaciones urgentes que surgen de su informe.

La visita fue convocada por invitación del Gobierno para evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos e identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.

El Grupo de Trabajo realizó visitas a terreno y se reunió con activistas ambientales, gobiernos, empresas, universidades. En este marco, 7 organizaciones de base, campesinas, indígenas y grupos de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron de reuniones directas con el grupo de Trabajo ONU, presentando casos concretos de violaciones a derechos humanos a las comunidades locales por parte de empresas.

LUCIA, MIEMBRO DE LA CNT-ENI ARGENTINA, PARTICIPÓ DE LAS REUNIONES CON ONU Y EXPRESÓ QUE ENCONTRARON UN ESPACIO DE RESPETO Y ESCUCHA PARA COMPARTIR LAS LUCHAS Y DEMANDAS QUE TIENEN COMO MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE COMUNIDADES LOCALES RURALES.

“…ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO SE HAGA ECO DE ESTAS DEMANDAS Y DEL INFORME QUE PRESENTA NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ATROPELLOS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS EN NUESTROS TERRITORIOS, SOBRE NUESTRAS COMUNIDADES Y SOBRE NOSOTRAS MISMAS QUE SOMOS LAS QUE AÑO TRAS AÑO ESTAMOS RESISTIENDO. NO PERDEMOS LA ESPERANZA DE QUE SE FRENEN LOS DESMONTES Y SE ENTREGUEN LAS TIERRAS A QUIENES VIVIMOS EN ELLAS POR GENERACIONES. ESPERAMOS QUE ESTE SEA UN PASO PARA AVANZAR EN EL ACCESO A DERECHOS TERRITORIALES DE LAS MUJERES CAMPESINAS Y DE LAS COMUNIDADES LOCALES…”

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo realizó un informe preliminar que se presentó mediante conferencia de prensa el pasado 28 de febrero.

Del informe preliminar, surgen datos alarmantes y recomendaciones urgentes de ONU al Estado Argentino principalmente en función de temas críticos como: derechos de los Pueblos Indígenas, trabajo, género y diversidad, personas con discapacidad, medio ambiente y recursos naturales, y salud.

PRINCIPALES RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL INFORME PRELIMINAR

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recibió información sustantiva y suficiente para evidenciar problemáticas en materia de derechos humanos y empresas. El mismo señaló:

“…aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial. El acceso a la justicia y remediación es también un desafío que persiste, así como las cuestiones de participación pública e inclusión. Las poblaciones históricamente vulneradas, particularmente los Pueblos Indígenas, se encuentran en un estado de riesgo permanente y esto debe ser subsanado urgentemente…”

SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Estado nacional ha reconocido a 1822 comunidades en toda la Argentina, de las cuales menos de la mitad tienen culminado el relevamiento de sus territorios, como lo ordena la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada en 2006 y prorrogada por última vez por el Decreto 805/2021. Si bien el Grupo de Trabajo valora la sanción de esta ley que impide los desalojos de las comunidades, preocupa el riesgo jurídico que supone para las comunidades la prórroga por decreto.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo recibió denuncias que dan cuenta de que, incumpliendo con la normativa, aún se realizan desalojos de las comunidades –en muchos casos violentos– particularmente para habilitar proyectos de gran extensión territorial (por ejemplo en industrias extractivas y desarrollos inmobiliarios) y que el relevamiento de sus territorios ha sido hasta ahora un proceso lento e ineficiente.

El Grupo de Trabajo alienta en el informe al Estado argentino, no solo a avanzar en el ordenamiento del territorio, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina en el año 2000) sino a actuar frente a su obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria, y en avanzar en el proceso de titularización.

RACISMO ESTRUCTURAL, ESTIGMATIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Aunque el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, han notado con alarma la discriminación estructural que afecta a las personas de los Pueblos Indígenas, sufriendo mayores índices de pobreza y barreras más acentuadas en el acceso a la infraestructura esencial como salud, electricidad, agua y educación. Las posibilidades de obtener medios de vida adecuados para su desarrollo se ven afectados por la altísima tasa de informalidad laboral y por las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus actividades económicas tradicionales debido al avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas.

Asimismo, la estigmatización e invisibilización de los Pueblos y Comunidades locales e Indígenas en la sociedad en general, e inclusive en los medios de comunicación que exacerban discursos altamente racistas, es inaceptable y da cuenta de una enorme deuda histórica del Estado y la sociedad argentina con los pueblos originarios. Durante la visita, el Grupo de Trabajo ha recibido una preocupante cantidad de denuncias de desalojos e intervenciones violentas, represión, allanamientos, criminalización y judicialización. Instamos a las autoridades a abordar estos episodios con urgencia y a las empresas a abstenerse de cualquier acción que pudiera verse como hostigamiento o presión sobre los Pueblos Indígenas.

RECURSOS NATURALES Y DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

En el transcurso de su visita, el Grupo de Trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se les informó de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua segura, en vista de su importancia para la salud de las comunidades, así como sus repercusiones en los medios de subsistencia, la alimentación y los ecosistemas, especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala.

El Grupo de Trabajo pudo observar de forma directa los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones del país, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, preocupa la información recibida acerca de la falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país, particularmente en zonas glaciares y periglaciares en Catamarca y San Juan, por ejemplo en la mina Veladero, y en zonas de humedales en Chaco y Corrientes. Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático.

En un contexto de transición energética asociada justamente a la crisis climática, hemos identificado un aumento significativo en la extracción no convencional de hidrocarburos y de minerales como el litio, lo cual presenta grandes desafíos en materia de derechos humanos y de impactos ambientales. El Grupo de Trabajo escuchó con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades en diferentes provincias, particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. El Grupo de Trabajo de ONU llama al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de los derechos humanos y garantizar el CPLI, y a las empresas a respetar y ejercer la debida diligencia en derechos humanos durante toda la vida de los proyectos.

De igual forma, se presentaron serias denuncias sobre el desplazamiento de comunidades tradicionales y de Pueblos Indígenas causados por proyectos de energías renovables, incluyendo presas hidroeléctricas y parques eólicos. Los impactos son diversos, desde la pérdida de medios de vida hasta afectaciones en las prácticas culturales.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de ONU ha sido informado de casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización de la protesta. Un ejemplo preocupante lo constituyen las denuncias recibidas por el Grupo de Trabajo sobre hechos de represión ocurridos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en mayo de 2022, que derivaron en la detención y judicialización de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto minero MARA. En su reporte exhorta a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en todo el país y a crear mecanismos para la protección de las personas defensoras.

El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.

* Esta nota fue publicada originalmente por la CNT – ENI Argentina y se encuentra disponible en: https://eniargentina.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-naciones-unidas-a-argentina/

Argentina acogerá la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

La COP 2 del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe reunirá del 19 al 21 de abril en Buenos Aires a autoridades de países de la región, representantes de organismos regionales e internacionales y miembros del público.

La Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú– se realizará del 19 al 21 de abril en Buenos Aires, Argentina.

Así lo acordaron José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -organismo regional de las Naciones Unidas que ejerce la Secretaría del Acuerdo- y Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, mediante la firma de un convenio que confirma a ese país como sede de la COP 2. Ambos personeros rubricaron el convenio el pasado sábado 25 de marzo en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, efectuada en República Dominicana.

En la COP 2 del Acuerdo de Escazú, que tiene carácter extraordinario, autoridades y representantes oficiales de los países que ya son parte del primer tratado ambiental de la región elegirán a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado y conocerán cualquier otro asunto que las Partes decidan. Asimismo, darán la bienvenida a los nuevos Estados Partes desde la COP 1: Belice, Chile y Granada.

Previo al encuentro, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay en la Presidencia y Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía en las Vicepresidencias- elaboró una lista numerada de diez personas candidatas al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que será presentada durante el segundo día de la conferencia (20 de abril). Dicha lista está compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, de diez nacionalidades de países del Anexo 1 del Acuerdo. Hay tres representantes de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. De la lista numerada, la COP elegirá durante la reunión de Buenos Aires a las siete personas integrantes del Comité.

La conferencia se llevará a cabo de manera presencial en los salones del Hotel Libertador de la capital argentina, y tendrá una serie de eventos paralelos que se realizarán de forma totalmente virtual. Será inaugurada el miércoles 19 de abril, a las 18:00 horas (hora de Buenos Aires, Argentina, UTC -3) en el Centro Cultural  Kirchner (CCK) por autoridades de la CEPAL, del Gobierno de Argentina -país anfitrión que ostenta una de las vicepresidencias de la Mesa Directiva del Acuerdo- y otras altas autoridades y representantes del público.

El segundo día (20 de abril), además de la presentación de la lista numerada de candidatos al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento por parte de la Mesa Directiva, se realizará una Sesión Especial titulada Experiencias comparadas de órganos de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. También se efectuará el Diálogo regional: Fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional.

En tanto, el 21 de abril se llevarán a cabo dos Sesiones Especiales: una sobre el seguimiento a la Decisión I/6 sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y otra sobre el seguimiento a la Decisión I/4 sobre arreglos financieros e informe del Fondo de Contribuciones Voluntarias. Además se realizará la elección de los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se acordarán las decisiones aprobadas de la COP 2.

Entre los días 19 y 21 de abril se realizarán diversos eventos paralelos virtuales oficiales en el marco de la conferencia, cuyos detalles estarán disponibles en el sitio web de la reunión.

La realización de esta segunda reunión extraordinaria de la COP del Acuerdo de Escazú en Argentina fue acordada en la Decisión I/5 del documento “Decisiones aprobadas”, que fue adoptado al término de la COP 1 efectuada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile en abril de 2022. Según el texto, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán al menos cada dos años, salvo que las Partes decidan otra cosa, y  “se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes cuando esta lo estime necesario, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo y la regla III de las reglas de procedimiento de la Conferencia”. Se espera que la segunda reunión ordinaria se realice en abril de 2024 en un Estado Parte aún por definir.

Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Los 24 países que lo han firmado podrán proceder a depositar sus instrumentos de ratificación en cualquier momento ante la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. Los países que no lo firmaron dentro del primer plazo estipulado (entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020) pueden hacerse Parte mediante la adhesión (procedimiento de paso único sin necesidad de firma). Los instrumentos de adhesión tienen los mismos requisitos y efectos jurídicos que la ratificación.

El programa completo de la COP 2 del Acuerdo de Escazú está disponible en el sitio web especial del encuentro: https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop2/es

Se solicita a los periodistas y representantes de la prensa que deseen cubrir el evento de manera presencial registrarse en este formulario: https://forms.gle/WGRg9rUUZf8MMba3A

El registro para participantes (autoridades, delegaciones oficiales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de la sociedad civil, etc.) es independiente del registro de prensa y se encuentra disponible también en el sitio web del evento.

Qué: Segunda reunión (extraordinaria) de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 2).

Cuándo: Miércoles 19 al viernes 21 de abril, 2023.

Dónde: Hotel Libertador, Avenida Cordoba 690, Buenos Aires 1054, Argentina.

Inauguración (miércoles 19 abril, 18:00 hrs): Centro Cultural  Kirchner, Sarmiento 151, C1041 CABA.

Para consultas relacionadas con la cobertura periodística del evento, contactar a:

Perú: Violaciones de derechos humanos y criminalización de la protesta durante el actual gobierno

NOTA DE PRENSA

22 DE ABRIL DE 2023 – LA VIOLENCIA DESATADA COMO RESPUESTA AL DERECHO LEGÍTIMO A LA PROTESTA CIUDADANA HA COBRADO LA VIDA DE 60 PERSONAS EN PERÚ

En el contexto de la crisis política que se vive en el Perú desde el mes de diciembre, se ha visto cómo las violaciones de derechos humanos se vienen agudizando, y el nivel de violencia con el que se responde a las masivas protestas sociales ha alcanzado niveles críticos.

A la fecha, 60 personas han perdido la vida, y en 48 de esas muertes [1] -ocurridas en enfrentamientos con la fuerza policial y militar del país [2]-, hay indicios de la responsabilidad directa del Estado. Las víctimas son, principalmente, miembros de comunidades rurales indígenas y campesinas, quechuas y aimaras de la región Sur Andina del Perú.

Se han conocido también numerosos casos de detenciones masivas y arbitrarias (incluso de quienes no participan en las movilizaciones), y de represión hacia quienes apoyan a los y las manifestantes, y hacia periodistas independientes o de medios alternativos. Sumado a esto, recientemente se ha declarado el Estado de Emergencia en siete regiones del país. Esta medida suspende los derechos ciudadanos de sus pobladores/as, poniendo en riesgos sus vidas al facilitar una intervención desproporcionada por parte del Ejército.

Ante este grave escenario, la International Land Coalition [3] (ILC) ha realizado un llamado al Gobierno del Perú, a través de una carta dirigida a su presidenta, la Sra. Dina Boluarte, para que brinde una solución institucional y pacífica que restablezca la paz y que fomente el bienestar de quienes vienen movilizándose con valor y dignidad en defensa de la vida y la democracia.

Se observa el deterioro del Estado de derechos en el Perú y cómo este ha pasado a ocupar un puesto en las listas internacionales de democracias defectuosas.

“La actuación violenta y autoritaria que ha tenido lugar en la región Sur Andina, frente a una población sistemáticamente excluida, evidencia un retroceso de la democracia y una crisis de la gobernabilidad y de la paz que no veíamos en el país hace más de dos décadas atrás” se señala en la carta.

En su misiva, la ILC llama al Gobierno a investigar de forma imparcial las muertes y los hechos violentos ocurridos, para esclarecer los actos, identificar responsables y reparar a las víctimas desde un enfoque intercultural; a levantar el estado de emergencia -medida antidemocrática que pone en riesgo la vida de la población movilizada en el Sur Andino del Perú; a poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del ejercicio ciudadano de la protesta pacífica y libre expresión; y a reconocer la legitimidad de las demandas de la ciudadanía movilizada en el país.

[1] Fuente: Reporte Diario de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo del Perú, 15 de febrero de 2023.

[2] Amnistía Internacional documenta 12 casos emblemáticos de muertes por disparos en el pecho, torso o cabeza, lo que señalan como posible indicativo de un uso intencional de la fuerza letal por parte del Estado. Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/

[3] La ILC es una alianza global de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales trabajando juntas para garantizar los derechos a la tierra para quienes viven en y de ella.

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