Queremos Representantes del Público indígenas en el Acuerdo de Escazú 

En noviembre de este año será la elección de Representantes del Público del Acuerdo de Escazú, rol clave que, entre 2026 y 2030, llevará la voz de la sociedad civil ante los órganos del Acuerdo. Durante la Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4) hubo intentos de retroceder en la incorporación de enfoques diferenciados en la implementación del Acuerdo, sobre todo en temas de género e indígenas. La actualidad política en la región y el mundo está provocando una reducción del espacio cívico, estos retrocesos van de la mano de cambios de liderazgos políticos de Estados signatarios, donde los nuevos presidentes son afines a una agenda negacionista del cambio climático y que promueven una agenda antiderechos.

A todo eso se suma una deuda histórica de participación indígena en espacios de discusión y toma de decisiones en temas relativos a la defensa del medioambiente y el territorio. En este marco, queremos promover candidaturas de representantes indígenas y/o con compromiso y propuestas vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas y la perspectiva de género.

Para pensar la actualidad y los desafíos que tenemos, conversamos con Samunda Jabini, destacada defensora de los derechos humanos, activista ambiental y socióloga de Surinam, país que aún no ratificó el Acuerdo. De origen afrodescendiente, pertenece al pueblo tribal Saamaka de la selva amazónica y ejerce como directora de proyectos en la Asociación de Comunidades Saamaka (VSG).

Samunda cree que el Acuerdo se refiere “directamente a nuestra seguridad y supervivencia como personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos. Escazú es un instrumento único a nivel mundial por incluir explícitamente a las personas defensoras del medio ambiente, por tanto, quien representa al público es fundamental para garantizar que la protección de quienes defienden el entorno se considere seriamente y se configure a partir de las realidades vividas”.

“Existe una brecha real entre la firma o ratificación de un tratado y la protección efectiva sobre el terreno. La realidad es que las personas defensoras siguen siendo asesinadas, criminalizadas y hostigadas, incluso allí donde se han logrado avances. Además, los países pueden retrasar o incumplir su implementación. La representación dentro de los espacios de gobernanza es una forma de evitar que la implementación se quede en algo meramente simbólico”, detalla.

Ella asegura que los tres pilares principales de este documento, acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, “solo son útiles para las comunidades si se materializan en la práctica. Las comunidades indígenas y afrodescendientes se enfrentan a la persecución, los desalojos y el hostigamiento judicial en el contexto de megaproyectos, sin una implementación efectiva, no existe un marco vinculante que las comunidades puedan exigir realmente”.

Un elemento relevante es el idioma y la accesibilidad, que determinan quién se beneficia. “Los pueblos del Caribe pueden quedar excluidos debido a las barreras lingüísticas, incluso si los gobiernos firman o ratifican el Acuerdo, esto no significa nada si la información no llega a las comunidades, lo cual requiere, entre otras cosas, su traducción a lenguas indígenas o locales”.

Jabini enumera 6 acciones concretas que las organizaciones y las comunidades pueden realizar para fortalecer la participación en los mecanismos de representación e implementación:

1. Inscribirse y utilizar activamente el mecanismo de participación pública para poder votar y ser elegidos. Participar de manera seria en los procesos electorales de los mecanismos de representación y proteger la legitimidad de dicha representación.
2. Hacer uso de las herramientas ya desarrolladas en el marco del Acuerdo (incorporando, además, la perspectiva de género).
3. Impulsar la implementación como una prioridad, y no centrarse únicamente en la ratificación. Es importante subrayar que muchos países retrasan la implementación incluso después de haber firmado o ratificado el Acuerdo. Sin una implementación efectiva, las personas defensoras permanecen expuestas. Por ello, la incidencia debe orientarse a pasar del plano teórico, lo que está sobre el papel, a la ejecución concreta a nivel nacional. Ejemplo: Planes de implementación nacionales de cada país. 
4. Hacer que la implementación sea una realidad a nivel comunitario, garantizando el acceso a la información en los idiomas adecuados. La información debe llegar a las comunidades y estar traducida, ya que las barreras lingüísticas y la diversidad de lenguas indígenas o tribales pueden obstaculizar una participación real.
5. Mantener la discusión interconectada entre distintos temas y espacios, evitando que los debates permanezcan aislados. Fortalecer la coordinación regional y el aprendizaje compartido: aprender de otras comunidades donde las sentencias judiciales se han implementado efectivamente, y reorientar la estrategia —pasando de un enfoque basado exclusivamente en el litigio hacia estrategias y financiamiento destinados a la implementación—. Este mismo enfoque de aprendizaje puede fortalecer las estrategias de participación e implementación en el marco de Escazú.
6. Mantener una labor de incidencia política constante en cada país, especialmente en aquellos donde los gobiernos aún no ratificaron.

Durante 2026, junto a Oxfam, Civicus, Cultural Survival, ALADTI, Alianza Mesoamericana (AMPB), Plataforma de Pueblos Indígenas ILC y Red TICCA, impulsamos varias acciones para visibilizar la importancia de contar con REPS indígenas, discutir sobre las oportunidades y retos que implican las representaciones de grupos heterogéneos e identificar cuáles son los pasos a seguir.  

Lo primero fue el Webinar “Voces indígenas por el Acuerdo de Escazú”. Luego, realizamos una consulta a candidatas y candidatos para conocer sus posiciones y propuestas en profundidad. Las preguntas abordan temas centrales para nuestras agendas: los derechos de los pueblos indígenas, la perspectiva de género y los desafíos del próximo mandato. La encuesta estará abierta hasta el 4 de noviembre y las respuestas serán compartidas con nuestras redes de organizaciones aliadas, para ampliar el conocimiento sobre las candidaturas y contar con más herramientas para ejercer un voto informado.

La elección se realizará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Se elegirán seis representantes con paridad: dos por Sudamérica, dos por Centroamérica y dos por el Caribe, una mujer y un varón en cada subregión. En total, se recibieron 116 candidaturas de 22 países de América Latina y el Caribe. De las 116, 106 fueron aceptadas, 10 no fueron admitidas por incumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento de las elecciones y 5 candidaturas fueron retiradas. Los perfiles y formularios de postulación de las candidaturas se pueden consultar aquí.

Las y los representantes electos deben velar por promover y defender los intereses y la participación de la sociedad civil en las discusiones que se desarrollan en el marco del Acuerdo. Esto supone principalmente tener un diálogo cercano con los grupos amplios de la sociedad civil, así como también participar de espacios de discusión y negociación con Estados, la Secretaría y otros organismos internacionales, entre otras actividades.

En este contexto, se convoca a un espacio virtual para que las candidaturas indígenas puedan exponer su perfil y difundir sus propuestas para ocupar el cargo de REPS. El Webinar “Voces indígenas por el Acuerdo de Escazú”, se desarrollará el jueves 5 de noviembre a las 10 am Centroamérica / 13 pm Brasil y Argentina / 11 am Perú y Colombia. Será un diálogo con candidaturas indígenas para Representantes del Público (REPS). Los objetivos son realzar la importancia de representaciones indígenas en un contexto de crecientes amenazas a sus territorios. Visibilizar a las personas candidatas indígenas y sus propuestas para ocupar el cargo y brindar más información al electorado para tener un voto informado. El acceso es libre por aquí. 

Tenemos grandes oportunidades para fortalecer una representación más diversa y avanzar hacia la participación de personas indígenas en este mecanismo. En esta línea, Samunda Jabini advierte: “Los espacios de gobernanza de Escazú pueden ser cooptados si las comunidades no están presentes y organizadas”.