Informe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas a Argentina

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina del 16 al 28 de febrero de 2023. Repasamos los datos alarmantes y recomendaciones urgentes que surgen de su informe.

La visita fue convocada por invitación del Gobierno para evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos e identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.

El Grupo de Trabajo realizó visitas a terreno y se reunió con activistas ambientales, gobiernos, empresas, universidades. En este marco, 7 organizaciones de base, campesinas, indígenas y grupos de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron de reuniones directas con el grupo de Trabajo ONU, presentando casos concretos de violaciones a derechos humanos a las comunidades locales por parte de empresas.

LUCIA, MIEMBRO DE LA CNT-ENI ARGENTINA, PARTICIPÓ DE LAS REUNIONES CON ONU Y EXPRESÓ QUE ENCONTRARON UN ESPACIO DE RESPETO Y ESCUCHA PARA COMPARTIR LAS LUCHAS Y DEMANDAS QUE TIENEN COMO MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE COMUNIDADES LOCALES RURALES.

“…ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO SE HAGA ECO DE ESTAS DEMANDAS Y DEL INFORME QUE PRESENTA NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ATROPELLOS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS EN NUESTROS TERRITORIOS, SOBRE NUESTRAS COMUNIDADES Y SOBRE NOSOTRAS MISMAS QUE SOMOS LAS QUE AÑO TRAS AÑO ESTAMOS RESISTIENDO. NO PERDEMOS LA ESPERANZA DE QUE SE FRENEN LOS DESMONTES Y SE ENTREGUEN LAS TIERRAS A QUIENES VIVIMOS EN ELLAS POR GENERACIONES. ESPERAMOS QUE ESTE SEA UN PASO PARA AVANZAR EN EL ACCESO A DERECHOS TERRITORIALES DE LAS MUJERES CAMPESINAS Y DE LAS COMUNIDADES LOCALES…”

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo realizó un informe preliminar que se presentó mediante conferencia de prensa el pasado 28 de febrero.

Del informe preliminar, surgen datos alarmantes y recomendaciones urgentes de ONU al Estado Argentino principalmente en función de temas críticos como: derechos de los Pueblos Indígenas, trabajo, género y diversidad, personas con discapacidad, medio ambiente y recursos naturales, y salud.

PRINCIPALES RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL INFORME PRELIMINAR

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recibió información sustantiva y suficiente para evidenciar problemáticas en materia de derechos humanos y empresas. El mismo señaló:

“…aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial. El acceso a la justicia y remediación es también un desafío que persiste, así como las cuestiones de participación pública e inclusión. Las poblaciones históricamente vulneradas, particularmente los Pueblos Indígenas, se encuentran en un estado de riesgo permanente y esto debe ser subsanado urgentemente…”

SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Estado nacional ha reconocido a 1822 comunidades en toda la Argentina, de las cuales menos de la mitad tienen culminado el relevamiento de sus territorios, como lo ordena la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada en 2006 y prorrogada por última vez por el Decreto 805/2021. Si bien el Grupo de Trabajo valora la sanción de esta ley que impide los desalojos de las comunidades, preocupa el riesgo jurídico que supone para las comunidades la prórroga por decreto.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo recibió denuncias que dan cuenta de que, incumpliendo con la normativa, aún se realizan desalojos de las comunidades –en muchos casos violentos– particularmente para habilitar proyectos de gran extensión territorial (por ejemplo en industrias extractivas y desarrollos inmobiliarios) y que el relevamiento de sus territorios ha sido hasta ahora un proceso lento e ineficiente.

El Grupo de Trabajo alienta en el informe al Estado argentino, no solo a avanzar en el ordenamiento del territorio, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina en el año 2000) sino a actuar frente a su obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria, y en avanzar en el proceso de titularización.

RACISMO ESTRUCTURAL, ESTIGMATIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Aunque el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, han notado con alarma la discriminación estructural que afecta a las personas de los Pueblos Indígenas, sufriendo mayores índices de pobreza y barreras más acentuadas en el acceso a la infraestructura esencial como salud, electricidad, agua y educación. Las posibilidades de obtener medios de vida adecuados para su desarrollo se ven afectados por la altísima tasa de informalidad laboral y por las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus actividades económicas tradicionales debido al avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas.

Asimismo, la estigmatización e invisibilización de los Pueblos y Comunidades locales e Indígenas en la sociedad en general, e inclusive en los medios de comunicación que exacerban discursos altamente racistas, es inaceptable y da cuenta de una enorme deuda histórica del Estado y la sociedad argentina con los pueblos originarios. Durante la visita, el Grupo de Trabajo ha recibido una preocupante cantidad de denuncias de desalojos e intervenciones violentas, represión, allanamientos, criminalización y judicialización. Instamos a las autoridades a abordar estos episodios con urgencia y a las empresas a abstenerse de cualquier acción que pudiera verse como hostigamiento o presión sobre los Pueblos Indígenas.

RECURSOS NATURALES Y DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

En el transcurso de su visita, el Grupo de Trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se les informó de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua segura, en vista de su importancia para la salud de las comunidades, así como sus repercusiones en los medios de subsistencia, la alimentación y los ecosistemas, especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala.

El Grupo de Trabajo pudo observar de forma directa los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones del país, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, preocupa la información recibida acerca de la falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país, particularmente en zonas glaciares y periglaciares en Catamarca y San Juan, por ejemplo en la mina Veladero, y en zonas de humedales en Chaco y Corrientes. Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático.

En un contexto de transición energética asociada justamente a la crisis climática, hemos identificado un aumento significativo en la extracción no convencional de hidrocarburos y de minerales como el litio, lo cual presenta grandes desafíos en materia de derechos humanos y de impactos ambientales. El Grupo de Trabajo escuchó con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades en diferentes provincias, particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. El Grupo de Trabajo de ONU llama al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de los derechos humanos y garantizar el CPLI, y a las empresas a respetar y ejercer la debida diligencia en derechos humanos durante toda la vida de los proyectos.

De igual forma, se presentaron serias denuncias sobre el desplazamiento de comunidades tradicionales y de Pueblos Indígenas causados por proyectos de energías renovables, incluyendo presas hidroeléctricas y parques eólicos. Los impactos son diversos, desde la pérdida de medios de vida hasta afectaciones en las prácticas culturales.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de ONU ha sido informado de casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización de la protesta. Un ejemplo preocupante lo constituyen las denuncias recibidas por el Grupo de Trabajo sobre hechos de represión ocurridos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en mayo de 2022, que derivaron en la detención y judicialización de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto minero MARA. En su reporte exhorta a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en todo el país y a crear mecanismos para la protección de las personas defensoras.

El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.

* Esta nota fue publicada originalmente por la CNT – ENI Argentina y se encuentra disponible en: https://eniargentina.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-naciones-unidas-a-argentina/