Una de las prioridades de la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio es facilitar e impulsar la participación de quienes luchan en los territorios contra los proyectos extractivistas que atentan contra el medio ambiente y ponen en riesgo a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginales.

Es por eso que, como Plataforma participamos en la COP2 (Buenos Aires) dando inicio a nuestra estrategia de incidencia alrededor del mecanismo del Acuerdo de Escazú, y para la COP3 (Santiago) privilegiamos la participación de mujeres defensoras que estuvieron en el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, organizado por la Cepal, en Panamá, con el fin de consolidar tanto su apropiación como su participación en acciones de incidencia regional respecto al Acuerdo de Escazú.

Aquí compartimos las voces de ellas: mujeres líderes, defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Sus reflexiones, aprendizajes y análisis sobre el Acuerdo de Escazú y el Plan de Acción Regional marcan un derrotero de la ruta que hay que seguir para avanzar en el propósito de lograr el pleno respeto, protección y garantía de los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de la tierra y el fin de la impunidad de los crímenes contra ellas.

¿Qué significó esta participación tanto en la PreCOP como en la COP3?

Para Pamela Benicio, de la Red Chacha Warmi, de Argentina, participar en la PreCOP y en la COP fue una experiencia de mucho aprendizaje, pues no solo le permitió representar a la Red y dar voz a las demandas de su comunidad “Ayllu Abralaite”, sino que le dio la oportunidad de visibilizar y realizar aportes a la discusión regional sobre la situación de los pueblos indígenas, defensores del territorio ancestral, ante las problemáticas ambientales que ocurren en la provincia de Jujuy, relacionados a la vulneración de derechos y la extracción de litio.

También estar presente en ambos espacios internacionales me dio acceso a información actualizada del Acuerdo y la oportunidad de crear vínculos con otras organizaciones de hermanas indígenas defensoras del ambiente e intercambiar experiencias de trabajo.

En este mismo sentido, Magany Belalcazar, de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas –Defensora de la amazonía, señaló que para ella como mujer de base la participación en estos espacios le permitió conocer y compartir con otras defensoras y defensores de la región que viven situaciones similares.

Las hermanas Mapuche, hermanas mexicanas, peruanas, bolivianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas, paraguayas, brasileras, colombianas, entre otras, vimos más ampliamente lo complejo que es el contexto de la región para las Mujeres defensoras de los derechos ambientales.

Para ella la aprobación del Plan de Acción de Escazú es uno de los mejores y los mayores avances logrados en Chile, pues esta adopción del Plan transmite un mensaje político de urgencia para revertir las afectaciones directas a defensores y defensoras. Es muy importante resaltar que este Plan incorpora medidas relacionadas con el derecho a la información, a la participación y la inclusión de comunidades indígenas, al acceso a la justicia, la protección y los derechos ambientales.

En términos generales creo que se logran incluir asuntos importantes, pero falta mucho aún (…) Falta tener en cuenta la inclusión y participación efectiva de la diversidad de Mujeres defensoras campesinas, rurales, indígenas, afros, jóvenes, en condición de discapacidad, entre muchas otras. Este sigue siendo un espacio machista y patriarcal al que le falta una mirada más amplia para entender quiénes mayormente defienden los derechos ambientales y la protección al ambiente al territorio. En la Amazonía, por ejemplo, somos las Mujeres.

¿Cuáles son las principales conclusiones para ustedes como defensoras de la tierra y el territorio?

Para Claudelice Santos, del Instituto Ze Claudio e Maria/ Escazú Ahora, de Brasil, asistir a estos eventos generó varias reflexiones, una de ellas tiene que ver con la necesidad de sugerir a la ONU, en este caso a la CEPAL, cómo generar escenarios que promuevan una verdadera participación popular. Por otro lado, evidenció que Brasil tiene un largo camino por recorrer para garantizar la protección y los derechos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.

Nuestra organización regresó con la certeza de que hay mucho por lo que tenemos que luchar hasta la ratificación del Acuerdo. Tenemos mucho que aprender de nuestras hermanas de otros raíces de nuestra inmensa América Latina y el Caribe para que podamos alcanzar la ratificación y, más aún, la implementación de esta herramienta en nuestro país.

Por su parte, Magany Belalcazar, señaló que más allá de la aprobación del Plan de Acción Regional lo que identificó como conclusión fue que sigue siendo escasa la participación real y efectiva de las voces y la mirada de las mujeres en estos espacios y que se desconoce el contexto y la realidad de las defensoras.

A esto se suman las reflexiones de Pamela Benicio quien manifiesta que si bien para la Red Chacha Warmi la ratificación del Estado argentino al Acuerdo de Escazú significa un logro para la región porque el Acuerdo es un instrumento que protege y respalda a las y los defensores ambientales, al observar y escuchar las demandas de otras comunidades indígenas de diversas regiones quedaron en evidencia las desigualdades y barreras históricas que estas enfrentan.

Por eso consideramos necesario que se consolide un mecanismo de participación que garantice nuestra participación de forma efectiva y directa en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades planteadas para la implementación y sobre todo en las instancias de negociación del Acuerdo.

A esto, Pamela añade la necesidad imperante de financiación de los Estados parte para favorecer la divulgación del Acuerdo de Escazú e incrementar esfuerzos en la formación a autoridades gubernamentales locales y pueblos indígenas sobre su contenido.

La información debe contextualizarse a las diferentes realidades de cada pueblo o región del país para fortalecer y empoderar a los y las defensores ambientales.

¿Qué viene ahora luego de la aprobación del Plan de Acción Escazú?

Magany Belalcazar manifiesta que para los Estados viene el compromiso con la implementación del Acuerdo, por lo que se hizo un llamado a Colombia y a los otros países para ratificar e integrar Escazú con acciones reales.

Contar con la voluntad política es clave para reverdecer la vida, florecer la esperanza y abonar la confianza de qué este Plan no queda en el papel, sino que por el contrario servirá de insumo permanente y como herramienta para trabajar en la implantación nacional y territorial del Acuerdo.

Como integrante de una comunidad indígena, Pamela señala que las decisiones y acciones son colectivas, por lo que el Acuerdo no debería tener solo un enfoque individual sino un enfoque colectivo e intercultural para que sea totalmente efectivo y acorde con los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Velaremos para conseguir un Plan de Acción con perspectiva de género y etnicidad o bien la
incorporación de un Plan de género que reduzca las desigualdades con una mirada interseccional y con equidad intergeneracional. Mismo para la planificación y construcción de la COP de Escazú atendiendo a la realidad y demandas específicas de las mujeres indígenas con representatividad indígena.

Por su parte, Claudelice reconoce que tras esta aprobación seguirá de cerca a los países que ya están en un proceso más avanzado que Brasil para aprender e impulsar la ratificación por parte de su país.

Estoy conectada con mis hermanos latinos, luchando por nuestro Buen Vivir, caminando día tras día hacia la justicia y la dignidad.

Un mensaje para otras defensoras de la tierra y el territorio

BRASIL

Que nunca perdamos la esperanza de que algún día nosotros o nuestros seres queridos tengamos lo que tantos anhelamos, una madre tierra, libre de violencia, veneno y explotación, para que nuestros hijos puedan tener un futuro promisorio y ancestral. Seguimos esperando un tiempo de paz.

Claudelice Santos, Brasil

COLOMBIA

Debemos juntarnos para lograr mayor incidencia (…) para avanzar con una mirada crítica, política, argumentativa frente a lo que hacemos en los diferentes territorios donde defendemos nuestros derechos a la casa grande, al techo mayor, a la fuente de vida que es el agua, la cobija perfecta que es la amazonia: colcha de sueños, biodiversidad; abrazo que se enlaza con los ríos y las semilla que brotan entre los árboles (…) Juntarnos nos hace más poderosas, arroparnos con la fuerza que tenemos como defensoras, como Mujeres, y comunicar más lo que sabemos, compartir más lo que tenemos y recibir más de lo que merecemos.

Magany Belalcázar, Colombia

ARGENTINA

Como defensoras del territorio y de los seres que habitan en él, somos la fuerza
ancestral que construye un futuro de dignidad, respeto y justicia para las naciones
indígenas del Abya Yala. Nuestra existencia, nuestra voz es nuestra fuerza. Sigamos
luchando para el empoderamiento, la autodeterminación y el respeto de nuestros territorios. ¡Jallalla hermanas!

Pamela Benicio, Argentina

Organizan este evento la Plataforma Regional de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, la International Land Coalition América Latina y el Caribe, la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina, Fundación Plurales, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en asocio con Oxfam América Latina, y con el apoyo de la Global Alliance for Green and Gender Action, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras, Colectivo CASA Bolivia y el Instituto Cordillhera.

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, e incluye la primera disposición del mundo concerniente a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En su artículo 9°, el Acuerdo establece que los Estados-Parte se comprometen a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Para apoyar la implementación de este artículo, se dispuso la celebración de un foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Así, entre el 26 y el 28 de septiembre de 2023 se realizará en la ciudad de Panamá el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.

Organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su segunda edición el foro contará con la participación de las Partes del Acuerdo de Escazú, especialistas reconocidos/as en el tema, actores clave, y público en general, en el que se destacan las personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas y personas o grupos en situación de vulnerabilidad que defienden el medio ambiente.

La ilusión de la abundancia

En el marco de este encuentro, se proyectará “La ilusión de la abundancia” (The Illusion of Abundance), documental dirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert. El film presenta a Berta Cáceres, Carolina de Moura y Máxima Acuña, tres mujeres de América Latina que defienden a sus comunidades de las empresas transnacionales -los conquistadores de hoy en día- que pretenden reducir sus tierras y sus medios de vida a un montón de materias primas con ánimo de lucro. Los realizadores querían hacer una película que recorriera los paisajes del extractivismo en América Latina. Para ilustrar la realidad actual, se centraron en la resistencia de estas mujeres, que demuestran las consecuencias de la globalización y lo que significa el «desarrollo» en su región.

Tras la proyección, se realizará un conversatorio en el cual participarán dos de sus protagonistas, las defensoras Máxima Acuña (Perú) y Carolina De Moura (Brasil), y la co-directora del film, Érika González. Este conversatorio contará con la moderación de Marta Esber, de Fundación Plurales.

Coproducido por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la ILC LAC, el documental se proyectó por primera vez en el Parlamento Europeo en octubre de 2022, y desde entonces ha sido exhibido en festivales de cine y proyecciones políticas en Europa. Este año, «La ilusión de la abundancia» continúa su recorrido con una gira de impacto a lo largo y ancho de América Latina.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos llevó a cabo su primera visita oficial a la República Argentina del 16 al 28 de febrero de 2023. Repasamos los datos alarmantes y recomendaciones urgentes que surgen de su informe.

La visita fue convocada por invitación del Gobierno para evaluar los esfuerzos para abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos e identificar buenas prácticas para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en Argentina.

El Grupo de Trabajo realizó visitas a terreno y se reunió con activistas ambientales, gobiernos, empresas, universidades. En este marco, 7 organizaciones de base, campesinas, indígenas y grupos de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron de reuniones directas con el grupo de Trabajo ONU, presentando casos concretos de violaciones a derechos humanos a las comunidades locales por parte de empresas.

LUCIA, MIEMBRO DE LA CNT-ENI ARGENTINA, PARTICIPÓ DE LAS REUNIONES CON ONU Y EXPRESÓ QUE ENCONTRARON UN ESPACIO DE RESPETO Y ESCUCHA PARA COMPARTIR LAS LUCHAS Y DEMANDAS QUE TIENEN COMO MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y DE COMUNIDADES LOCALES RURALES.

“…ESPERAMOS QUE EL GOBIERNO SE HAGA ECO DE ESTAS DEMANDAS Y DEL INFORME QUE PRESENTA NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ATROPELLOS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS EXTRACTIVAS EN NUESTROS TERRITORIOS, SOBRE NUESTRAS COMUNIDADES Y SOBRE NOSOTRAS MISMAS QUE SOMOS LAS QUE AÑO TRAS AÑO ESTAMOS RESISTIENDO. NO PERDEMOS LA ESPERANZA DE QUE SE FRENEN LOS DESMONTES Y SE ENTREGUEN LAS TIERRAS A QUIENES VIVIMOS EN ELLAS POR GENERACIONES. ESPERAMOS QUE ESTE SEA UN PASO PARA AVANZAR EN EL ACCESO A DERECHOS TERRITORIALES DE LAS MUJERES CAMPESINAS Y DE LAS COMUNIDADES LOCALES…”

Con la información recabada, el Grupo de Trabajo realizó un informe preliminar que se presentó mediante conferencia de prensa el pasado 28 de febrero.

Del informe preliminar, surgen datos alarmantes y recomendaciones urgentes de ONU al Estado Argentino principalmente en función de temas críticos como: derechos de los Pueblos Indígenas, trabajo, género y diversidad, personas con discapacidad, medio ambiente y recursos naturales, y salud.

PRINCIPALES RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL INFORME PRELIMINAR

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recibió información sustantiva y suficiente para evidenciar problemáticas en materia de derechos humanos y empresas. El mismo señaló:

“…aún queda mucho por hacer para la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Argentina y la implementación de los Principios Rectores. El país cuenta con un marco normativo vasto, sin embargo su implementación y la debida fiscalización son muy limitadas a nivel nacional y provincial. El acceso a la justicia y remediación es también un desafío que persiste, así como las cuestiones de participación pública e inclusión. Las poblaciones históricamente vulneradas, particularmente los Pueblos Indígenas, se encuentran en un estado de riesgo permanente y esto debe ser subsanado urgentemente…”

SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El Estado nacional ha reconocido a 1822 comunidades en toda la Argentina, de las cuales menos de la mitad tienen culminado el relevamiento de sus territorios, como lo ordena la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada en 2006 y prorrogada por última vez por el Decreto 805/2021. Si bien el Grupo de Trabajo valora la sanción de esta ley que impide los desalojos de las comunidades, preocupa el riesgo jurídico que supone para las comunidades la prórroga por decreto.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo recibió denuncias que dan cuenta de que, incumpliendo con la normativa, aún se realizan desalojos de las comunidades –en muchos casos violentos– particularmente para habilitar proyectos de gran extensión territorial (por ejemplo en industrias extractivas y desarrollos inmobiliarios) y que el relevamiento de sus territorios ha sido hasta ahora un proceso lento e ineficiente.

El Grupo de Trabajo alienta en el informe al Estado argentino, no solo a avanzar en el ordenamiento del territorio, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT (ratificado por Argentina en el año 2000) sino a actuar frente a su obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria, y en avanzar en el proceso de titularización.

RACISMO ESTRUCTURAL, ESTIGMATIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Aunque el Grupo de Trabajo celebró el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Nacional, han notado con alarma la discriminación estructural que afecta a las personas de los Pueblos Indígenas, sufriendo mayores índices de pobreza y barreras más acentuadas en el acceso a la infraestructura esencial como salud, electricidad, agua y educación. Las posibilidades de obtener medios de vida adecuados para su desarrollo se ven afectados por la altísima tasa de informalidad laboral y por las dificultades que enfrentan para llevar adelante sus actividades económicas tradicionales debido al avance de la frontera agrícola y de las industrias extractivas.

Asimismo, la estigmatización e invisibilización de los Pueblos y Comunidades locales e Indígenas en la sociedad en general, e inclusive en los medios de comunicación que exacerban discursos altamente racistas, es inaceptable y da cuenta de una enorme deuda histórica del Estado y la sociedad argentina con los pueblos originarios. Durante la visita, el Grupo de Trabajo ha recibido una preocupante cantidad de denuncias de desalojos e intervenciones violentas, represión, allanamientos, criminalización y judicialización. Instamos a las autoridades a abordar estos episodios con urgencia y a las empresas a abstenerse de cualquier acción que pudiera verse como hostigamiento o presión sobre los Pueblos Indígenas.

RECURSOS NATURALES Y DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

En el transcurso de su visita, el Grupo de Trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se les informó de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua segura, en vista de su importancia para la salud de las comunidades, así como sus repercusiones en los medios de subsistencia, la alimentación y los ecosistemas, especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala.

El Grupo de Trabajo pudo observar de forma directa los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones del país, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, preocupa la información recibida acerca de la falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país, particularmente en zonas glaciares y periglaciares en Catamarca y San Juan, por ejemplo en la mina Veladero, y en zonas de humedales en Chaco y Corrientes. Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático.

En un contexto de transición energética asociada justamente a la crisis climática, hemos identificado un aumento significativo en la extracción no convencional de hidrocarburos y de minerales como el litio, lo cual presenta grandes desafíos en materia de derechos humanos y de impactos ambientales. El Grupo de Trabajo escuchó con preocupación las consecuencias negativas que ya están experimentando las personas y comunidades en diferentes provincias, particularmente Neuquén, Catamarca, Jujuy y Salta. El Grupo de Trabajo de ONU llama al Estado argentino a cumplir con su función reguladora y de protección de los derechos humanos y garantizar el CPLI, y a las empresas a respetar y ejercer la debida diligencia en derechos humanos durante toda la vida de los proyectos.

De igual forma, se presentaron serias denuncias sobre el desplazamiento de comunidades tradicionales y de Pueblos Indígenas causados por proyectos de energías renovables, incluyendo presas hidroeléctricas y parques eólicos. Los impactos son diversos, desde la pérdida de medios de vida hasta afectaciones en las prácticas culturales.

Finalmente, el Grupo de Trabajo de ONU ha sido informado de casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo criminalización de la protesta. Un ejemplo preocupante lo constituyen las denuncias recibidas por el Grupo de Trabajo sobre hechos de represión ocurridos en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en mayo de 2022, que derivaron en la detención y judicialización de vecinos y vecinas que se oponen al proyecto minero MARA. En su reporte exhorta a las autoridades competentes a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos en todo el país y a crear mecanismos para la protección de las personas defensoras.

El Grupo de Trabajo presentará su informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.

* Esta nota fue publicada originalmente por la CNT – ENI Argentina y se encuentra disponible en: https://eniargentina.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-empresas-y-derechos-humanos-de-naciones-unidas-a-argentina/