Defensoras y defensores indígenas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia, parte del Grupo de trabajo de Pueblos Indígenas de la ILC LAC, se reunirán en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Durante tres días, en la última semana de octubre, dialogarán sobre la violencia estructural, la criminalización y el despojo territorial que enfrentan sus comunidades, así como sobre el avance de proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura que profundizan la crisis climática en sus territorios.

Este encuentro busca ser un espacio de reflexión frente a una problemática creciente: América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente, la tierra y los territorios. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las y los defensores ambientales enfrentan violencia que va desde campañas de desprestigio y amenazas hasta asesinatos y desapariciones, con altos niveles de impunidad. La criminalización se convirtió en una práctica recurrente que fuerza el exilio de muchas personas defensoras, mientras que el espacio cívico se reduce cada vez más a través de vigilancias ilegales y marcos legislativos restrictivos.

El informe de la CIDH, presentado en abril de este año, señala que solo entre 2012 y 2023, al menos 58 defensoras y defensores ambientales fueron asesinados en Perú, mientras que en la región se registraron 35 homicidios de líderes indígenas entre 2013 y julio de 2024, vinculados a actividades como minería ilegal, narcotráfico y concesiones estatales.

Durante las tres jornadas, las y los participantes analizarán estrategias integrales de protección y autocuidado para el ejercicio de sus actividades. También establecerán herramientas de documentación comunitaria sobre agresiones y conflictos territoriales.

La actividad además tiene como objetivo preparar recomendaciones hacia la conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP30), que se celebrará en Belém (Brasil), del 10 al 21 de noviembre de 2025, evento en el que se prevé la participación de defensoras indígenas en la delegación de la Plataforma de Defensores/as de la Tierra y el Territorio de la ILC LAC. El encuentro también buscará fortalecer la articulación entre el Acuerdo de Escazú, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Pérdidas y Daños, desde una perspectiva de derechos humanos, género y justicia climática.

El Encuentro Regional de Defensoras y Defensores Indígenas de la Tierra y el Territorio en América Latina es organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y el Caribe (ILC LAC), la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio y la Plataforma de Pueblos Indígenas de la ILC, con el acompañamiento de TINTA – The Invisible Thread, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), la Fundación TIERRA. Financiado por la ILC LAC, Pan Para el Mundo, la Alianza por el ambiente y el territorio, la cooperación Suiza en Bolivia y Oxfam.

Entre el 7 y el 10 de abril, compañeras de organizaciones de base integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y territorio (PDDTT) y su facilitador, participaron del Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe con el objetivo de incluir la perspectiva de género como un aspecto central y transversal de la aplicación del Acuerdo de Escazú.

En el marco del proceso de identificar nuevos espacios de incidencia y fortalecer las capacidades técnicas y políticas de trabajo de la Plataforma mediante la formación y la participación activa, Maricielo Quispe, integrante de CODECA Guatemala; Danitza Quispe Huillca, de ONAMIAP Perú; Yamile Esquivel, de la Coalición de Mujeres del Caribe por la Tierra y el Territorio y CNT Colombia; Leylis Vigil, UEDESAMAR Honduras y Escuela Feminista por la Acción Climática (EFAC) y Nicolás Avellaneda, facilitador de la plataforma, viajaron a Basseterre, Saint Kitts y Nevis.

“Como mujeres defensoras de los territorios, es indispensable participar en estos espacios para dar visibilidad a las luchas históricas que se desarrollan en las comunidades rurales frente al sistema extractivista”, cuenta Maricielo.

La Plataforma prioriza la incidencia regional y participación activa en el mecanismo de implementación del Acuerdo de Escazú, con foco especial en las mujeres defensoras como guardianas de los territorios. En este sentido, venimos participando activamente de distintos mecanismos en el marco del Acuerdo como la II Conferencia de las Partes (COP2) de Escazú, el II Foro de personas Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina, la COP 3 Escazú y los diferentes espacios de consulta impulsados desde la secretaria del Acuerdo, como los de transversalización de género y desarrollo de un plan de implementación regional para el artículo 9.

“Participar en espacios de incidencia regional y global siempre es un desafío. Por un lado, es difícil llegar a estos eventos, acceder a la información previa y generar aportes específicos según las negociaciones que se estén desarrollando. Por otro lado, una vez en estos espacios, los mecanismos son complejos y en general es difícil participar e incidir. Sin embargo, este Foro es un momento pensado para fortalecer y propiciar la participación activa de las personas defensoras ambientales en el marco de la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú”, explica Nicolás.

En esta ocasión, este encuentro se desarrolló en el caribe anglófono, específicamente en Saint Kitts y Nevis, uno de los tres países que viene liderando el grupo de trabajo de Escazú sobre personas defensoras, conjuntamente con Chile y Ecuador. La decisión de los Estados Parte de realizarlo allí se debió a la necesidad de acercar el Acuerdo a la sociedad civil del Caribe, esto es fundamental. Sin embargo, impactó fuertemente en la capacidad real de participación de América Latina. “Aun así tuvieron un rol fundamental en las discusiones durante estos días, exponiendo no solo problemáticas específicas, sino también propuestas concretas para mejorar la participación de las mujeres defensoras ambientales, los pueblos indígenas y las juventudes”, afirma Nicolás.

Maricielo describe que “participar en este espacio nos permitió tener una mirada regional respecto a la situación de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, reconocer las diferentes situaciones de vulnerabilidad y los desafíos que enfrentamos las defensoras del territorio por la ausencia de compromiso por parte de los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos”.

Perspectiva de género

La COP 3 adoptó la Decisión III/4 sobre transversalización de la perspectiva de género para avanzar en la igualdad en la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú. En dicha Decisión, entre otras cosas, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaborar, con el apoyo del resto del Sistema de las Naciones Unidas, “una guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú, y que la misma, se presente en la COP4 a desarrollarse en el 2026. En este marco, la CEPAL inició un proceso de consulta pública para la elaboración de esta guía, y durante el Foro se realizaron distintos talleres para evaluar los primeros borradores, realizar sugerencias y aportes que serán incorporados. “Si bien como Plataforma creemos que hubieran sido necesarios más espacios de discusión sobre este tema concreto, la realidad es que las personas defensoras pusimos sobre la mesa la necesidad de visibilizar los impactos diferenciados sobre género en relación con la defensa del territorio y los bienes naturales durante todas las actividades del Foro”, explica Nicolás.

“Es necesario reconocer y accionar en el marco de un análisis diferenciado respecto a la situación de vulnerabilidad que nos atraviesa como mujeres indígenas”, insiste Maricielo. Puntualmente, integrantes de la Plataforma en el Foro participamos activamente de los talleres de género, apoyamos en la facilitación y compartimos buenas prácticas y experiencias de vida. Además, estuvimos en la presentación final de las recomendaciones surgidas del Foro para la transversalización de género en el Acuerdo.

Este encuentro en general fue creado con el objetivo de fomentar la participación de personas defensoras en el diseño y aprobación del plan de acción que posibilita cumplimentar con el artículo 9. Como esto se logró en 2024, durante la COP 3, cambió su misión a un espacio para evaluar y monitorear el debido cumplimiento del plan regional y los nacionales. En este sentido, desde la sociedad civil y los representantes del público se planteó la oportunidad de generar informes alternativos para formalizar el monitoreo, esto abre un nuevo espacio de trabajo para las personas defensoras. “Como Plataforma nos sumamos al equipo de trabajo que organiza estos informes, aportando nuestra experiencia de incidencia en otros mecanismos internacionales”, detalla Nicolás.

Además de esto, el proceso de elaboración de la guía de transversalizacion de género sigue siendo una prioridad para la agenda de las partes y donde la sociedad civil sigue teniendo oportunidades concretas de incidencia. Por lo tanto, “seguiremos trabajando en este sentido para posicionar las recomendaciones de las organizaciones miembro de la plataforma, incluidas en nuestra ruta de incidencia para mujeres defensoras ambientales”, afirma Nicolás.

En alerta pero fortalecidas

Olimpia Castillo Blanco, integrante de la organización Comunicación y Educación Ambiental SC de México, formó parte de nuestra delegación y cuenta que se “llevó una gran preocupación porque la situación de las defensoras y defensores sigue siendo preocupante y las acciones van lentas”. A pesar de eso, “fue muy importante el intercambio en las mesas de trabajo con otras personas colegas de la región y por eso es muy necesaria la participación de las mujeres defensoras que comparten las problemáticas y realidades de los territorios, pero también los avances que en algunos casos han logrado”.

La preocupación es inevitable, pero también se renovaron los compromisos, Maricielo afirma: “De esta participación me llevo el compromiso de seguir luchando de manera articulada por la defensa del territorio y fortalecer el trabajo de reflexión en las comunidades rurales de Guatemala por el reconocimiento y ratificación del Acuerdo de Escazú como un mecanismo para la preservación de la vida en los territorios”.

Por su parte, Yamila se lleva “el compromiso de seguir generando cambios en los paradigmas que aún encontramos en nuestras comunidades y de seguir contribuyendo en la defensa de los derechos humanos, del medioambiente y del territorio”.

Por su parte, Leylis lo describe como “una experiencia muy valiosa. Escuchar a otras compañeras, compartir cómo se organizan y qué mecanismo utilizan en su territorio para defender la vida y la naturaleza fue inspirador y enriquecedor para mí. Salgo con el compromiso más fuerte de seguir cuidando nuestro territorio y luchando colectivamente por la justicia ambiental”.